Jordi Parent afirma que los olesanos «se quejan sin saber» y defiende que amenazarles con multas «ha funcionado»

Jordi Parent, concejal y portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Ayuntamiento de Olesa de Montserrat, hizo esta semana balance de tres años de mandato en declaraciones públicas. Según Parent, los vecinos que protestaron contra los contenedores con chip lo hicieron «sin saber». Las multas a quienes dejaban bolsas fuera de los cubos, asegura, «funcionaron». Además asegura que «sería una sorpresa que no repitiera» como candidato. El balance del mandato, ha sido en sus propias palabras: «muy positivo».

Lo que no entró en ese balance fue la sentencia que anuló casi un millón de euros por negligencia administrativa, las cinco resoluciones de la Generalitat que acreditan que el Ayuntamiento obstruye la libertad de prensa, ni el vecino con movilidad reducida al que le retiraron la plaza sin avisar y al que el propio Parent respondió: «Haga lo que tenga que hacer».

«Puede ser molesto de escuchar, pero es así»

Parent dedicó buena parte de sus declaraciones a defender el sistema de residuos con chip, el asunto que más ha dividido al municipio en este mandato. Su explicación sobre la resistencia vecinal fue la siguiente: «La gente se queja sin saber». Según él, el problema no es el sistema sino el desconocimiento. Si se recicla bien, argumentó, nada de lo que acaba en el cubo de rechazo genera mal olor. «No es excusa decir que encuentras el contenedor cerrado y no puedes tirar la basura. La basura la puedes tirar». Para quienes tienen dificultades especiales, añadió, basta con ir al Ayuntamiento y pedirlo.

Sobre la obligación de adaptarse, Parent fue aún más directo: «Hay algo que se llama corresponsabilidad, que es que el ciudadano tiene una corresponsabilidad con todo lo que pasa en el Ayuntamiento. Puede ser un poco molesto de escuchar, pero es así».

Y sobre las multas, la conclusión fue rotunda: «Al final, funcionó». Cuando el gobierno publicó las primeras sanciones, al día siguiente había «muchísima gente recogiendo tarjetas». Lo mismo ocurrió la segunda vez. Para Parent, eso demuestra que la mejor forma de hacer que la gente utilice los contenedores es sancionarlos.

Lo que Parent no mencionó es que el PP había destapado días antes un vacío legal en la ordenanza que regula esas multas. Ni que este medio documentó la rebelión vecinal, el estallido en redes con el ya célebre «ja sabem a qui no votar», y la guía para recurrir las sanciones que este mismo medio tuvo que publicar ante las multas recibidas.

«Haga lo que tenga que hacer»

La misma semana en que Parent celebraba la eficacia de las sanciones, este medio recogía el caso de Antonio Serrano, un vecino con movilidad reducida al que el Ayuntamiento retiró su plaza PMR reservada sin avisarle. Serrano se plantó ante el pleno con el brazo lesionado tras una caída en su escalera. Explicó que los días de lluvia no puede salir de casa. Que a veces espera cuatro horas dentro del coche a que alguien libere un hueco cerca de su portal. Cuando anunció que buscaría «otras vías» si no le devolvían la plaza, Parent le respondió: «Vostè pot prendre les mesures que cregui oportunes».

Meses antes, el mismo concejal le había prometido verbalmente una plaza azul adicional como solución provisional. La plaza llegó, per lo que nadie le explicó a Serrano es que cualquier conductor podía ocuparla. Un mes después de su intervención en el pleno, el Ayuntamiento rectificó y aprobó por unanimidad una moción de Olesa Oberta, en la que exigían bajar el umbral de discapacidad exigido para acceder a una plaza PMR. La oposición llevaba alertando de esa presunta ilegalidad desde julio de 2024.

Casi un millón de euros, perdido por no actuar a tiempo

Mientras el gobierno multaba a los vecinos por dejar bolsas fuera de los contenedores, Teleolesa publicaba cómo los tribunales le recordaban lo que le cuesta a ese mismo Ayuntamiento no cumplir sus propios plazos. En mayo de 2026, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anuló el cobro de 886.925,72 euros en cuotas urbanísticas que el consistorio había intentado reclamar a unos propietarios. La razón: los plazos habían prescrito. Las actas de recepción de las obras se firmaron en 2011 y 2012. La exigencia de las cuotas no llegó hasta 2020. Siete años de parálisis.

La magistrada Laura Mestres Estruch fue categórica en la sentencia 357/2025: «Es clara la superació del termini de prescripció». Casi un millón de euros que debían haber ingresado en las arcas municipales se evaporaron por inacción. El gobierno que sanciona con diligencia a quien deja una bolsa fuera del cubo no encontró tiempo, durante siete años, para reclamar lo que le debían.

El alcalde, patrono de la fundación a la que adjudicó 760.000 euros

Hay otro episodio que el balance «muy positivo» de Parent tampoco mencionó. El Ayuntamiento adjudicó 759.823,15 euros —contrato a ocho años— a la Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria, una entidad que en ese momento estaba siendo presuntamente investigada por corrupción. La firma la estampó el alcalde Marc Serradó, que forma parte del patronato de esa misma fundación. Poco antes, los Mossos d'Esquadra habían registrado el Ayuntamiento de Esparreguera buscando documentación relacionada con ella, presuntamente investigada por malversación de fondos públicos. Nada de eso detuvo la adjudicación.

Cinco veces la Generalitat le dijo que estaba obstaculizando a la prensa

Queda por mencionar lo que hace el Ayuntamiento cuando alguien le pide cuentas. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), el organismo de la Generalitat que supervisa el cumplimiento de la Ley de Transparencia, ha fallado cinco veces consecutivas contra el consistorio de Olesa, siempre en reclamaciones de este medio. El patrón fue siempre el mismo: el Ayuntamiento ignoró la solicitud de información. Luego ignoró a la GAIP cuando esta le pidió un informe. No alegó ningún límite legal. No dio ninguna explicación. Simplemente, no contestó.

La GAIP lo dejó escrito sin ambigüedad: esa conducta puede ser constitutiva de «infracció molt greu» en materia de transparencia. No es una valoración periodística. Es la resolución unánime del organismo supervisor de la Generalitat.

El carril bici que hubo que deshacer, y el autobús que no para

El mandato arrancó con el carril bici de la calle Francesc Macià como una de sus grandes apuestas. El Ayuntamiento priorizó la vía ciclista sobre los aparcamientos —así lo admitió el propio alcalde— y pocos meses después tuvo que contratar un estudio externo para recuperar las plazas perdidas. Lo que llegó como avance acabó en rectificación pública.

En transporte, Parent reconoció esta semana que Monbus suprimió unilateralmente la parada de la plaça de l'Oli sin comunicárselo al Ayuntamiento ni a la Generalitat, y colocó los carteles de cancelación por su cuenta. El gobierno lleva meses presionando a la Generalitat para recuperarla. Por ahora, los vecinos del otro extremo del municipio caminan kilómetro y medio para coger el autobús. Sin fecha. Los horarios que el Ayuntamiento presentó como mejoras fueron calificados de «vergonya històrica» por los propios usuarios. Y el servicio de voluminosos presentado como novedad del mandato dejó a vecinos plantados con los muebles en la calle.

«Sería una sorpresa que no fuera yo»

Parent también habló del funcionamiento interno del tripartito. Dijo que ERC, Junts per Olesa y el Bloc Olesà «han trabajado bien», que los propios técnicos municipales reconocen que el ambiente es mejor que con algunos gobiernos de partido único, y que siempre han llegado a acuerdos sin votaciones en contra. Reconoció, eso sí, que la falta de experiencia al inicio les llevó a tomar decisiones que hoy revisarían: «Ahora tomaríamos alguna decisión diferente». Lo llamó aprendizaje.

Con ese balance a la espalda, cerró sus declaraciones con paso firme. Su candidatura para 2027 aún no es oficial —«hasta que no haya pasado por la asamblea», aclaró—, pero «sería una sorpresa que no fuera así». Tres años de mandato, dijo, le han dado experiencia. Está listo para cuatro más.

Los vecinos de Olesa tienen hasta las próximas elecciones para decidir si esa experiencia es exactamente lo que necesitan.