EXCLUSIVA: Anticorrupción investiga al Ayuntamiento de Olesa por presuntos pagos irregulares durante más de una década

La Oficina Antifrau de Catalunya ha incoado un expediente al Ayuntamiento de Olesa de Montserrat y le ha concedido treinta días para que explique por qué lleva más de una década abonando publicidad institucional a un periódico cuyo depósito legal figura como «cesado» desde 2012. La resolución, firmada el 1 de junio, obliga al consistorio a detallar los hechos denunciados y las medidas correctoras que, en su caso, haya adoptado.

El requerimiento es la continuación formal de la investigación que este medio publicó el pasado 4 de mayo, cuando reveló que el «08640: Periòdic mensual d'Olesa de Montserrat» seguía recibiendo fondos municipales pese a estar administrativamente extinguido a efectos de patrimonio bibliográfico. Lo que entonces era una denuncia registrada en el propio Ayuntamiento ha subido un peldaño: ahora es la autoridad anticorrupción de Cataluña la que pide cuentas.

Treinta días para dar explicaciones

El movimiento de Antifrau quedó por escrito el 8 de junio, en una comunicación dirigida a la persona denunciante. El organismo confirma que la denuncia entró en su Registro General el 12 de mayo y que dio lugar a la apertura de un expediente. A partir de ahí, su director dictó una resolución que ordena remitir el caso al consistorio olesano «per tal que informi en el termini de 30 dies (...) dels fets denunciats, i en el seu cas, de les mesures correctores».

La firma es la de la dirección de Análisis e Investigaciones del organismo. Y hay un detalle que conviene destacar: la resolución se envía al Ayuntamiento anonimizando una de sus consideraciones. Es decir, la administración a la que se pide cuentas no conoce todavía el alcance completo de lo que sobre ella se sostiene.

Antifrau acota su requerimiento a dos presuntas irregularidades. La primera, un uso irregular de fondos públicos municipales entre 2015 y 2026 mediante la adjudicación continuada de publicidad institucional a un proveedor que opera con un depósito legal en estado «cesado». La segunda, que el Ayuntamiento habría abonado, de forma continuada e ininterrumpida durante más de una década, cantidades a Fernando Carlos Gigena Benito en concepto de publicidad en ese mismo periódico.

Más de 85.000 euros en una década

La cifra que sostiene toda la historia procede de los propios registros contables municipales, obtenidos al amparo de la Ley 19/2014 de Transparencia. Según esa documentación, entre 2015 y 2025 el consistorio pagó 85.752,70 euros específicamente por la inserción de anuncios institucionales en el «08640».

El goteo no fue uniforme. Arrancó modesto —1.808,95 euros en 2015— y se disparó a partir de 2020. Los ejercicios más voluminosos fueron 2021, con 13.933,15 euros, y 2022, con 13.207,15. Diez años de facturas mensuales por felicitaciones de Navidad, ferias del aceite, campañas de salud pública o anuncios del mercado municipal, todas ellas dirigidas a una misma cabecera.

Hay un dato que cobra relevancia cuando se cruza con el calendario. El 4 de mayo, nuestro medio había pedido por registro al Ayuntamiento que suspendiera los contratos. Pese a ese aviso, los registros contables recogen un nuevo contrato de publicidad reservado para el ejercicio 2026 íntegro por importe de 12.686,85 euros. El consistorio, según la documentación, no adoptó ninguna medida cautelar ni suspendió los pagos.

Un depósito legal congelado en 2012

El nudo de todo el asunto es un número: DL B 42490-2004. Es el depósito legal con el que se imprime y reparte el «08640» por los buzones de Olesa. Y, según el registro oficial de la Biblioteca de Catalunya, figura como «cesado» y sin aportar ejemplares desde 2012.

Ese número se solicitó en septiembre de 2004 a nombre del impresor. La Ley 23/2011 trasladó después la obligación al editor de la publicación, en este caso Gigena Benito. Desde el ejercicio siguiente, el rastro documental en la Biblioteca de Catalunya desapareció. Tras la primera publicación de este medio, la Oficina del Depósito Legal de Barcelona confirmó por escrito que el editor se había puesto en contacto con ellos para intentar regularizar los ejemplares que faltaban: una maniobra reactiva sobre una obligación ignorada durante más de una década.

La denuncia sostiene que esa situación permitió al editor presentarse ante el Ayuntamiento como un medio regularmente constituido y acceder así a contratos públicos, que podrían generar «competència deslleial» frente a los operadores del municipio que sí cumplen con todas sus obligaciones legales.

La sombra de la falsedad documental

Para cobrar de una administración o firmar un contrato de publicidad, todo proveedor debe presentar una declaración responsable en la que jura estar al corriente de sus obligaciones legales y sectoriales. Ahí es donde la denuncia eleva la apuesta. Si Gigena Benito hubiera firmado esos documentos mientras operaba con un depósito legal inactivo, el caso abandonaría el terreno estrictamente administrativo para rozar el penal.

La denuncia invoca los artículos 390 y siguientes del Código Penal, relativos a la falsedad en documento público, oficial o mercantil, y pide que, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, se trasladen al Ministerio Fiscal conforme a la propia ley reguladora de Antifrau. Sobre el Ayuntamiento, el escrito apunta a una posible «culpa in vigilando» —negligencia en el deber de vigilancia— y a eventuales responsabilidades contables ante el Tribunal de Cuentas por menoscabo de fondos públicos. Todo ello, conviene insistir, en grado de presunción y pendiente de que la investigación avance.

El consistorio, sin medidas a la vista

A día de hoy, el Ayuntamiento de Olesa de Montserrat no ha hecho pública ninguna medida correctora ni ha suspendido su relación con la publicación señalada. Tampoco el editor del «08640» ha ofrecido públicamente su versión sobre las acusaciones recogidas en la denuncia. El reloj, en cualquier caso, ya corre: el consistorio dispone de treinta días para responder formalmente ante Antifrau.

La pelota está ahora en el tejado del Ayuntamiento. De su respuesta —y de lo que la Oficina Antifrau decida hacer con ella— dependerá que el caso se cierre con un expediente administrativo o que dé el salto hacia la Fiscalía. Lo que ya no puede discutirse es que catorce años de pagos a una cabecera administrativamente extinguida han dejado de ser una sospecha registrada en una ventanilla municipal para convertirse en materia de la autoridad anticorrupción de Cataluña.