El PSC retrata la gestión de Serradó: «Más suciedad, más incivismo, más gente enfadada y más carga impositiva»

Cuatro años de mandato, un contrato de basuras de 24 millones de euros y una tasa que no ha dejado de crecer, y el PSC lo resumió todo en una sola frase. «Gestión de residuos: más suciedad, más incivismo y más gente enfadada y más carga impositiva. Esta es vuestra carta de presentación». Así retrató el concejal socialista Carlos Fernández, en el pleno extraordinario del presupuesto de 2027 de este jueves, la política de residuos del gobierno de Marc Serradó, en lo que fue uno de los reproches más duros de toda la sesión.

Y es que el PSC, la fuerza más votada en las elecciones municipales de 2023, eligió los residuos como uno de los tres ejemplos que, según Fernández, «han definido un poco la política de este gobierno municipal», junto con el bienestar social y la transición energética. Además, la crítica acabó en un voto en contra del presupuesto, después de que el año pasado los socialistas se abstuvieran.

Los documentos municipales ayudan a entender por qué el PSC habla de «más carga impositiva». La recaudación que el Ayuntamiento prevé por la tasa de basuras ha pasado de 1,4 millones de euros en 2023 a 2,6 millones en 2026, más de un 85% más, y el gobierno ya propone ampliar en 300.000 euros el contrato de recogida que empezó hace poco más de un año. El gobierno, en cambio, presume de que el nuevo modelo ha disparado el reciclaje hasta el 60%.

«Vuestra carta de presentación»

La frase de Fernández llegó en la primera intervención del PSC, cuando el concejal quiso resumir el mandato en tres ejemplos. Después de criticar que los servicios sociales hacen «políticas reactivas y no políticas activas» y que la inversión en transición energética se ha limitado a 140.000 euros en cuatro años, llegó a la gestión de residuos y dejó la frase que resume el malestar de los socialistas.

Además, en el turno final Fernández fue más allá y habló de «un proyecto agotado», que, según él, se demuestra «en cuestiones como destinar el grueso de las inversiones a mantener más que a progresar». Es por eso que el concejal dejó claro el objetivo de su grupo de cara a las elecciones: «Esperamos que estos sean los últimos presupuestos de un proyecto vuestro. Y en eso combatiremos e intentaremos vencer».

Por su parte, el portavoz socialista, Fernando Vicente, explicó el cambio de voto. «El año pasado nos abstuvimos en estos presupuestos, porque entendíamos que podíamos ver una manera de trabajar diferente con el gobierno. Hemos entendido que no, eso no ha pasado», dijo, antes de anunciar que el voto sería «negativo». Según Vicente, lo que quiere la ciudadanía es «la garantía de que el gasto en limpieza y los residuos se traduzcan en una ciudad más limpia». La ruptura no es nueva, porque desde hace semanas el grupo rompió públicamente con el alcalde.

Una tasa que casi se duplica

La parte de la frase que se puede medir es la de la carga impositiva, y los presupuestos municipales la muestran año tras año. En 2023, el último presupuesto del anterior gobierno, el Ayuntamiento preveía ingresar 1.401.906 euros por la tasa de basuras. En 2024, el primero del gobierno actual, la cifra subió a 1.850.162 euros, en 2025 a 2.517.100 euros y en 2026 a 2.601.129 euros, sumando la tasa doméstica, la comercial y la del punto limpio. Dicho de otro modo, en tres años la recaudación prevista ha crecido un 86%, y más de un 40% desde el inicio del mandato.

Al mismo tiempo, el coste del servicio también se ha disparado. Según los presupuestos, el gasto en recogida, tratamiento de residuos y limpieza viaria ha pasado de 3,12 millones de euros en 2023 a 4,56 millones en 2026, un 46% más. Para 2027, el concejal de Medio Ambiente, Ivan Carreira, cifró el conjunto de la gestión de residuos y limpieza viaria en 4.998.627 euros.

Ahora bien, el gobierno lo atribuye a una obligación legal. En el mismo pleno, el concejal no adscrito Jordi Martínez recordó que la ley obliga a los ayuntamientos «a cubrir con la tasa el precio» del servicio. Aun así, Serradó defendió que el presupuesto de 2027 incluye «un congelamiento de la tasa de basuras».

Un contrato de 24 millones con una sola oferta

Buena parte del gasto se explica por el nuevo contrato de recogida y limpieza viaria, que el Ayuntamiento adjudicó a FCC Medio Ambiente por ocho años, desde agosto de 2025. Según el acta de la licitación, el lote principal salía por 24.050.647,41 euros sin IVA y FCC ofreció 23.998.128,59 euros, unos 52.000 euros menos que el precio de salida. Y es que FCC fue la única empresa que se presentó, mientras que los otros dos lotes de la misma licitación recibieron más de una oferta.

Además, poco más de un año después de que el servicio empezara, el gobierno ya quiere ampliarlo. En el pleno, Carreira anunció «un aumento de 300.000 euros, que hace referencia a una modificación del contrato de recogida» que el gobierno quiere llevar al pleno para aplicarla a partir de enero, y que, según el concejal, «daría respuesta a los ajustes que hemos ido haciendo en el servicio».

Aun así, Carreira también defendió que el servicio genera ahorros. Según el concejal, en 2027 se reducen en 170.000 euros los gastos de la implantación del nuevo modelo, porque «los recursos del primer año eran mucho superiores», y en 184.000 euros la aportación al vertedero. «De la misma manera que hemos aumentado el gasto, también generamos ahorros», resumió.

El reciclaje, la gran baza del gobierno

Si hay un argumento que el gobierno puede oponer a la crítica del PSC, es el del reciclaje. Durante años Olesa estuvo atascada muy por debajo de la media. Según los datos oficiales de la Agència de Residus de Catalunya, en 2024 el municipio recogió de forma selectiva el 37,4% de sus residuos, casi doce puntos menos que la media catalana, que fue del 49,2%, y por debajo de vecinos como Martorell, con el 54,1%, o Esparreguera, con el 46,8%.

El nuevo modelo de contenedores cerrados con tarjeta ha dado la vuelta a estas cifras, según el Ayuntamiento. De acuerdo con los datos municipales que publicó VilaPress, la recogida selectiva llegó al 57,7% en mayo de 2026 y superó por primera vez el 60% en junio, con un 60,1%. Es el porcentaje que la ley de residuos fija como objetivo para 2030. Además, el Ayuntamiento cifró en un 14,5% la reducción de la fracción resto, la que acaba en el vertedero, y en unos 200.000 euros al año el ahorro previsto en su tratamiento, según esos mismos datos.

Aun así, son datos de pocos meses y todavía provisionales. El propio Ayuntamiento advirtió de que el despliegue del nuevo modelo no se había acabado y de que hace falta un año completo de datos para sacar conclusiones. Las cifras oficiales de la Agència de Residus para 2025 y 2026 aún no se han publicado. Dicho de otro modo, el salto en el reciclaje todavía debe confirmarse, mientras que la subida de la tasa ya consta en los presupuestos.

Las auditorías que reclama el PSC

El concejal socialista Cristian Mesa puso el foco en los controles del servicio. Mesa criticó que se duplique la partida para la auditoría de la limpieza viaria, un esfuerzo económico que, según él, se añade al que aportan los vecinos con la tasa «sin que se perciba un salto cualitativo». Es por eso que pidió al gobierno los resultados de las últimas auditorías y que concrete «si se han detectado incumplimientos que requieran aplicar mejoras al servicio».

Carreira, por su parte, explicó que la auditoría siempre ha existido, pero que antes iba incluida dentro del contrato anterior, y que «la ley actualmente ya no lo permite» y obliga a hacerla fuera. Según el concejal, la partida pasa de 5.000 a 10.000 euros porque 2027 será el primer año completo del contrato. Aun así, Mesa insistió en su turno final en la petición de los resultados, y propuso que las auditorías externas de las concesiones se incluyan directamente dentro de las licitaciones.

La suciedad que el gobierno también admite

Al margen de las cifras, la suciedad y el incivismo de los que habla el PSC son valoraciones políticas, pero el propio gobierno ha reconocido parte del problema. Serradó admitió hace pocas semanas, al difundir las imágenes de un vertido ilegal, que pasa «continuamente» «en muchas zonas de Olesa», aunque lo atribuyó al «incivismo de unos pocos». Además, Carreira llegó a reconocer este año que el gobierno sabía que la crisis de las basuras «pasaría».

Mientras tanto, el malestar se ha hecho sentir en las calles, con vecinos que se quejan de un pueblo lleno de ratas, cucarachas y hedor. El Ayuntamiento también ha empezado a multar a los vecinos que dejan basura fuera de los contenedores, y el gobierno ha acabado rectificando una parte: a siete meses de las elecciones, abrió los contenedores en domingo, tal como reclamaba el PSC. La crítica, además, no fue exclusiva de los socialistas. En el mismo pleno, la portavoz del PP, Jessica Fernández, aseguró que Olesa «da asco de lo sucia que está».

Con el presupuesto aprobado inicialmente, el gobierno aún tiene que llevar al pleno la modificación de 300.000 euros del contrato de FCC, y el PSC sigue esperando los resultados de las auditorías del servicio. Mientras tanto, a seis meses de las elecciones, la frase de Fernández ya ha marcado el tono del debate sobre la limpieza de Olesa, y el gobierno se aferra a una cifra de reciclaje que todavía debe confirmar.