Samuel Rodríguez guarda tres firmas que pondrían en jaque al gobierno de Serradó: lo acusa de hacer «lawfare» contra Jordi Martínez

Jordi Martínez ha puesto precio a su acta de concejal, y no es una cifra: son dos firmas. El hombre que el gobierno de Olesa de Montserrat cesó y denunció por prevaricación en abril de 2024, y a quien un juzgado exculpó provisionalmente un año después, está dispuesto a dimitir en el acto si el gobierno demuestra cuándo firmó el secretario municipal dos decretos concretos. El gobierno no lo ha hecho. Pero hay alguien que dice que tiene tres.

Ese alguien es Samuel Rodríguez, portavoz de Olesa Oberta En Comú Podem. En el pleno del 24 de septiembre, delante de toda la sala, aseguró que tenía «unas pruebas» que, si se presentaban, podían «acabar con toda esta historia»: «Son tres firmas. Yo tengo tres firmas». Acto seguido dirigió una pregunta al alcalde, Marc Serradó: «¿Me dais permiso para que yo entregue esta documentación a la defensa del concejal Jordi Martínez? Sí o no». Serradó le recordó que, como concejal, sabe a qué le obliga la información a la que accede por el cargo, y respondió que no le podía «ni dar ni dejar de dar permiso».

Semanas después, en declaraciones públicas a las que ha tenido acceso este medio, Rodríguez apuntó directamente contra el gobierno que llevó a Martínez ante el juez: «Está muy y muy feo hacer este tipo de acusaciones contra una persona, como hicieron, para quitarse de encima un problema político». Lo dice alguien que reconoce haber tenido encontronazos con Martínez cuando este mandaba. «Aunque sea un adversario político, no le deseo mal a nadie. Se le ha hecho daño, y de manera gratuita», sostiene.

Un juicio pagado con dinero público

La escena del pleno condensa dos años y medio de un conflicto que nació como un expediente administrativo y ha acabado convertido en el caso que más ha envenenado este mandato en Olesa. El Ayuntamiento se personó como acusación particular en la causa contra Martínez, de modo que cada paso judicial tiene un coste para las arcas municipales. Es una cifra que el consistorio no ha hecho pública en ninguna de las comunicaciones sobre el caso que ha consultado este medio.

El calendario tensa todavía más la cuerda. El juzgado de instrucción número 4 de Martorell archivó provisionalmente la causa en mayo de 2025 porque no veía ningún indicio de prevaricación. El gobierno recurrió ante la Audiencia Provincial de Barcelona el 2 de junio de ese año. Este medio no ha podido verificar si la Audiencia ya se ha pronunciado, ni si la investigación interna que el gobierno anunció ese mismo mes, encargada a un instructor externo, ha llegado a alguna conclusión. Faltan siete meses para las elecciones municipales. Y Martínez no es un concejal cualquiera: fue el cabeza de lista del Bloc-CUP en 2023, la candidatura con la que hoy gobierna el alcalde que se enfrenta a él en los tribunales.

«Se tendrán que preguntar quién tiene el problema»

La oferta de Martínez no surgió de la nada. Según explicó en el pleno, en la sesión de julio había presentado una instancia con documentación y había pedido a dos concejales del gobierno, Ivan Carreira y Xavier Rota, que la leyeran. Ambos se negaron, siempre según su relato. «Unos documentos que se tardan en leer un minuto como mucho», lamentó el concejal no adscrito, que recordó que había compartido muchos años de trabajo con ambos.

Martínez lo conectó con la presunción de inocencia que el gobierno dice respetar: no entiende cómo se puede defender este principio si no se acepta ni siquiera mirar documentos que tienen que ver con ello. Recordó que Carreira y Rota hace dos años y medio que le piden la dimisión, y aquí llegó el giro. Estaba dispuesto a darles exactamente lo que reclaman, aunque, recalcó, la justicia, de momento, dice que es inocente.

El precio era la documentación de los dos decretos que, según el Ayuntamiento, causaron una pérdida de más de 20.000 euros. «Si estos dos decretos el secretario los firmó antes de la caducidad de la que hablan la querella y el recurso, presento la renuncia inmediatamente», dijo. Ni siquiera hacía falta enseñársela a él: bastaba con mostrarla a la oposición. Y si no pueden aportarla, advirtió, «se tendrán que preguntar quién tiene el problema de verdad». Confesó que le habría gustado que su último pleno fuera distinto. Nadie del gobierno recogió el guante hasta que habló Rodríguez.

Tres firmas en manos de la oposición

El portavoz de Olesa Oberta abrió su intervención con una ironía dirigida al alcalde y al primer teniente de alcalde, el exalcalde Jordi Parent. Ambos, dijo, se han mostrado muy preocupados por la situación de Martínez y le desean de todo corazón que sea inocente. «Tengo una buena noticia», anunció, justo antes de mencionar las firmas.

Rodríguez explica que la información la obtuvo por vía institucional, en su condición de cargo electo, y que entregarla permitiría dejar de malgastar dinero en un juicio que no lleva a ninguna parte. Del contenido, no quiere decir nada: «Yo no digo qué contiene». De la reacción del gobierno, sí: «No sé de qué tienen miedo. Eso lo tendrán que explicar ellos».

«Esto no es un juzgado, es un pleno»

La respuesta de Serradó al pleno comenzó por Martínez. «No le podemos compartir documentación», le dijo el alcalde, amparándose en un informe del secretario municipal. Según explicó, este informe pondera el derecho a la información y el derecho de defensa. Serradó también corrigió el planteamiento del concejal no adscrito: en el juzgado no hay dos expedientes, sino muchos más. Además, cualquier concejal de la oposición puede consultar el expediente por las vías establecidas, y algunos ya lo han hecho.

Después vino el argumento de fondo. «Esto no es un juzgado, esto es un pleno», recordó el alcalde, que advirtió que el gobierno no puede negociar políticamente con un tema judicial. «Nosotros ni denunciamos ni dejamos de denunciar por intereses ni personales ni políticos. Lo hacemos por obligación», aseguró. Serradó acusó a Martínez de usar el acta por su propio interés en lugar de defender a los olesanos, y lo emplazó a llevar sus pruebas al juzgado, no al pleno.

La normativa de régimen local de Cataluña obliga a los electos a respetar la confidencialidad de la información que obtienen por el cargo cuando difundirla puede perjudicar al ente local o a terceros. Rodríguez lo sabe, y es ahí donde sitúa el miedo. «Podría ir por el camino del medio y presentar este documento, pero, viendo de lo que son capaces, seguro que me pondrían una querella. No llegaría a ninguna parte, la ganaría yo, pero tendría ese sufrimiento», explica. Le han aconsejado que no se meta, dice, por los cargos municipales y supramunicipales que ocupa. «Si me llaman un día y me dicen “Samuel, puedes presentar este documento a la defensa de Jordi Martínez”, estaría muy agradecido, porque me quitaría una preocupación de encima», añade.

Las firmas que reclama Martínez

El número de Rodríguez tiene una resonancia que no pasa desapercibida. En diciembre de 2025, en su artículo de opinión en el boletín municipal El Nunci, Martínez escribió que había pedido la fecha en que el secretario municipal firmó tres decretos vinculados al caso. Según su versión, las pruebas que ya ha presentado acreditarían que esa firma se produjo después de la fecha de caducidad que figura en la querella. En su interpretación, eso situaría en otro lugar la responsabilidad de la caducidad y demostraría la mala fe de la denuncia. El alcalde, escribió entonces, no ha querido entregarle esa prueba ni la ha presentado en el juzgado.

No era la primera vez que hablaba de ello. En mayo de 2025, el mismo día que leyó la interlocutoria en el pleno, Martínez anunció que había hecho llegar al alcalde un documento «de mucha importancia». Según él, aquel documento podría demostrar, más que su inocencia, la culpabilidad de terceros en el expediente.

Ni Martínez ni Rodríguez han dicho públicamente que las tres firmas de uno y los tres decretos del otro sean los mismos papeles, y este medio no puede establecer esa relación. El Ayuntamiento, por su parte, tiene una posición escrita: en una nota en el mismo boletín, el consistorio advertía que no puede facilitar documentación que afecte a la igualdad de las partes en un procedimiento judicial y que cualquier prueba debe canalizarse por los mecanismos judiciales.

Ciento dos expedientes y 23.000 euros

Para entender por qué unas cuantas firmas pesan tanto, hay que volver a abril de 2024. El día 5 de ese mes, el alcalde Jordi Parent (ERC) cesó a Martínez de todas las competencias delegadas, incluida la Concejalía de Seguridad Ciudadana, y el Bloc-CUP lo expulsó de su grupo municipal, según los decretos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. El gobierno le atribuía irregularidades en 102 expedientes sancionadores que habrían caducado o prescrito, con una pérdida que el consistorio cifró en unos 23.000 euros. El Ayuntamiento lo denunció por un presunto delito de prevaricación por omisión, y el juez admitió la denuncia a trámite en junio de 2024.

Martínez se defendió desde el primer día con un argumento que todavía repite: no firmaba lo que no podía leer. Leyó en el pleno correos internos en los que, según su relato, los servicios municipales le respondían que, como concejal, no tenía acceso a la aplicación donde constaban las alegaciones. Parent le replicó entonces que podía haber declinado la delegación o avisar a la alcaldía, y que el motivo del cese era no firmar o firmar tarde, no las razones por las que lo hacía.

La jueza de Martorell vio los hechos de otra manera. La interlocutoria de mayo de 2025 concluye que de las actuaciones no se desprende ningún indicio de prevaricación. Considera acreditado que Martínez firmó siempre dentro del plazo legal los expedientes que tenía a disposición. Y cuando no lo hizo, añade, no se ha demostrado que fuera por dejadez, sino por falta de acceso a las alegaciones o por indicaciones del departamento jurídico. Once días después, el gobierno recurría el archivo y anunciaba una investigación interna.

«Hablamos mucho del lawfare»

Aquí es donde Rodríguez sitúa su acusación más dura. El término que utiliza es lawfare, el uso de los tribunales para resolver conflictos políticos. «Hablamos mucho del lawfare y de todas estas cuestiones, pero aquí en Olesa se ha hecho con una persona, y eso no es valiente, es vergonzoso», afirma. «La política se arregla con valentía y con política, no utilizando el juzgado para resolver temas que eran políticos».

El gobierno lo niega con la misma contundencia desde el primer recurso. En junio de 2025, cuando aún era primer teniente de alcalde, Serradó declaró que no había motivaciones políticas ni denuncias falsas, sino un alcalde que defendía la institución ante un posible delito. Parent justificó el recurso como la mejor manera de proteger al Ayuntamiento de la acusación de denuncia falsa que le hacía el propio Martínez.

La sospecha de la oposición, sin embargo, se alimenta de una cronología que Martínez se ha encargado de recordar. Pocos días después del recurso, Serradó recibió el bastón de alcalde en el relevo pactado a mitad de mandato. En la toma de posesión, Martínez dijo que, en condiciones normales, muy probablemente le habría tocado a él. Se abstuvo, y los dos votos de Junts fueron decisivos. El 25 de septiembre de 2025, Martínez acusó al Bloc de haberle exigido que diera un paso al lado para cerrar el pacto de gobierno, e insinuó que su salida convenía a cuatro grupos. Ninguna de estas declaraciones demuestra que la denuncia tuviera una finalidad política, y el gobierno lo niega explícitamente. Pero explican por qué, desde la oposición, la lectura de Rodríguez encuentra terreno abonado.

Siete meses y una respuesta pendiente

La sesión del 24 de septiembre no terminó con ninguna resolución. El turno de preguntas del público se suspendió por un incidente con una vecina, y el pleno se cerró pasada la medianoche sin que nadie volviera a mencionar las firmas. Martínez sigue siendo concejal. Rodríguez sigue sin entregar lo que dice tener. Y el gobierno mantiene, desde junio de 2025, que no se puede plantear ninguna restitución mientras la causa esté abierta.

Queda por ver si la Audiencia Provincial confirma o revoca el archivo, cuánto ha costado al Ayuntamiento mantenerse como acusación particular y qué ha concluido, si es que ha concluido algo, el instructor externo. Y queda la pregunta que Rodríguez formuló en voz alta y que el alcalde dejó sin un sí ni un no: si las tres firmas llegarán algún día al juzgado, o si el mandato acabará con estos papeles donde están ahora, fuera de la causa y en manos de un concejal que dice que no se atreve a usarlos.