El mismo Ayuntamiento de Olesa avisa que el gobierno de Serradó trocea contratos para darlos a dedo en lugar de sacar concurso
Seis de cada diez contratos menores analizados eran trabajos recurrentes que se deberían haber licitado, según los informes de control interno
Cada año el Ayuntamiento de Olesa necesita mantener los semáforos, limpiar las cañas del camino del río y controlar la legionela de los edificios municipales. Y cada año, en lugar de sacar estos servicios a concurso para que compitan las empresas, los ha ido contratando por partes, con importes que no superan el límite legal para adjudicarlos directamente. No lo dice la oposición. Lo dice, por escrito, el interventor municipal: un «fraccionamiento elevado de contratos menores» que incumple la ley de contratos.
Dicho de otra manera, es como si un vecino que tiene que hacer una obra de 30.000 euros la partiera en dos facturas de 15.000 para esquivar un permiso que solo piden a partir de esa cifra. En el caso del Ayuntamiento, lo que se evita es el concurso público, el procedimiento que obliga a anunciar el contrato, a dejar que se presenten todas las empresas que quieran y a quedarse con la mejor oferta. Además, el fenómeno no se detiene: en 2025, el Ayuntamiento firmó 24 contratos de servicios y suministros de entre 14.000 y 15.000 euros, rozando el límite legal. En 2023 firmó 11.
Lo dice el mismo interventor
La primera alerta llegó en abril de 2025. En el informe resumen del control interno del año 2024, firmado por el interventor, Francesc Cid, el 29 de abril, la Intervención detectó un «fraccionamiento elevado de contratos menores» con «gastos recurrentes». Según el documento, esta práctica «incurre en el incumplimiento de la Base 36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto», las normas internas que el propio Ayuntamiento aprueba cada año para gastar su dinero. La conclusión no dejaba margen: «Los gastos recurrentes deberían estar adecuadamente planificados en el presupuesto anual y formalizados mediante licitación».
Concretamente, el interventor analizó una muestra de contratos y llegó a una cifra que retrata el problema. «Hemos visto que el 60% de los contratos analizados, la naturaleza de la motivación del gasto es una necesidad estructural y permanente del Ayuntamiento», escribió. Y extrajo la consecuencia: «la contratación no responde a un contrato menor y debe ser planificada». Es decir, seis de cada diez contratos revisados eran trabajos que el Ayuntamiento sabe que necesitará cada año, y que por tanto se deberían haber licitado. El informe lo califica de «incumplimiento del artículo 28 y 118 de la Ley de Contratos del Sector Público».
Un año después, la situación no se había resuelto del todo. El informe de control interno de 2025, que el Pleno conoció el 28 de mayo de 2026 y que lleva el visto bueno del propio alcalde, Marc Serradó, vuelve a señalar dos casos con nombre y apellidos: el «fraccionamiento del mantenimiento de los semáforos del municipio» y el «fraccionamiento [de la] tala de cañas». En ambos casos, la medida correctora es la misma: licitarlos en 2026.
Los semáforos, un contrato cada año
Los datos oficiales de contratación muestran cómo el Ayuntamiento ha ido encargando el mantenimiento de los semáforos y de las cámaras de la isla peatonal a la misma empresa, Alumbrados Viarios, a golpe de contrato menor: 8.900 euros en 2022, 8.999,33 euros en 2023 y 13.223,14 euros en 2024, siempre sin IVA. Cada contrato cubría casi un año, y cuando se acababa, se hacía otro.
Por su parte, la limpieza de cañas del camino del río dibuja un patrón todavía más llamativo. El Ayuntamiento pagó a Excavaciones Fran 7.438,02 euros en 2023 para retirar cañas, sacos de escombros y vertidos en el camino del río. En 2024, exactamente la misma cifra, al céntimo, por el mismo trabajo. Y en 2025, de nuevo 7.438,02 euros, 9.000 justos con IVA, esta vez para limpiar puntos de pesca y preparar una zona de plantación de árboles en el Areny del Molí. Tres años, tres contratos, el mismo importe exacto.
Dos ofertas el mismo día
Sin embargo, el caso que mejor explica cómo funciona el troceamiento es el de la legionela, la bacteria que puede proliferar en las tuberías y en las duchas de los equipamientos públicos. El 26 de marzo de 2025, el Ayuntamiento registró dos ofertas para la legionela de los equipamientos municipales, con solo un número de registro entre una y otra. Una era para el análisis de las instalaciones, por 14.630 euros, y la otra para el mantenimiento, por 13.572,06 euros. Las dos se pagaban de la misma partida del presupuesto, empezaban el mismo día, el 10 de abril, y el concejal de Salud Pública, Marc Serradó, las adjudicó con cuatro días de diferencia. Por separado, ninguno de los dos contratos llegaba a los 15.000 euros. Sumados, hacían 28.202.
Aquello no fue un caso único. Entre junio de 2024 y marzo de 2026, el Ayuntamiento encadenó siete contratos menores para la legionela, por un total de 76.858 euros. Finalmente, el servicio se licitó en conjunto. Salió a concurso por 183.496,98 euros para dos años, se presentaron seis empresas y se adjudicó por 102.478,66 euros, es decir, un 44% por debajo del precio de salida.
Chalecos y uniformes a 54 euros del límite
La Policía Local tampoco se libra. El 29 de abril de 2025, el entonces alcalde, Jordi Parent, adjudicó a Crea Uniformes un contrato menor de 14.925 euros para los chalecos de los agentes, 75 euros por debajo del límite. Tres meses después, el 31 de julio, Parent, ya como concejal delegado, adjudicó a la misma empresa otro contrato de 14.946 euros para el uniforme, ahora a solo 54 euros del tope. Las dos compras se cargan a la misma partida, ambas tuvieron una sola oferta y, juntas, suman 29.871 euros. Por si fuera poco, el acuerdo marco de vestuario que el Ayuntamiento licitó en 2023 para el resto de servicios municipales deja fuera a la Policía Local.
Aún más ajustado es el caso de la piscina cubierta. El 17 de diciembre de 2024, la reparación de la deshumectadora y de la climatización se adjudicó por 14.999 euros, a un solo euro del límite, a Instal·lacions RAX, la misma empresa que hace el mantenimiento de la legionela y que ese año encadenó once contratos menores con el Ayuntamiento por 62.433,89 euros.
Material eléctrico rozando el límite
El suministro de material eléctrico para el alumbrado y los equipamientos municipales sigue un camino parecido. Entre 2024 y 2025, el Ayuntamiento firmó cinco contratos menores con importes de entre 14.757 y 14.985 euros, muy cerca del tope legal. Solo en 2025 fueron tres, a tres proveedores distintos, que suman 44.409,92 euros.
Mientras tanto, el expediente para licitar este suministro, numerado en 2023, no empezó a recibir ofertas hasta diciembre de 2025. No es el único servicio que acaba en un contrato menor incluso cuando hay concurso. En verano de 2026, la licitación del refuerzo de jardinería quedó desierta el 17 de julio, y seis días después el Ayuntamiento adjudicó el trabajo por contrato menor a Jardineria Rosanes por 14.980 euros. Un año antes, el mismo refuerzo de verano también se había resuelto por contrato menor, con L'Heura y por 14.232,40 euros.
«No hay fraccionamiento»
Pese a todo, todos los decretos revisados repiten la misma fórmula: «No hay fraccionamiento del contrato de acuerdo con el informe técnico». Son los técnicos de cada departamento quienes lo informan antes de cada adjudicación. Ahora bien, esos informes técnicos no son públicos, y la Intervención, al revisar una muestra de expedientes, llegó a una conclusión bien distinta.
En defensa del Ayuntamiento, hay argumentos que conviene tener en cuenta. Algunos de estos gastos responden a reparaciones o reposiciones difíciles de prever, y algunos contratos tienen objetos distintos, como el análisis y el mantenimiento de la legionela o los chalecos y el uniforme. Asimismo, la ley eliminó en 2020 el límite anual que impedía adjudicar más de 15.000 euros a la misma empresa. Igualmente, algunas licitaciones ya se han hecho, como la de la legionela o la del material eléctrico, y el plan de acción del gobierno prevé licitar los semáforos y las cañas este 2026. La propia Intervención, de hecho, considera «subsanado» el procedimiento interno que el Ayuntamiento preparó contra el fraccionamiento elevado, y «subsanado parcialmente» el refuerzo del departamento de Contratación con un auxiliar administrativo.
Sin embargo, la ley de contratos es clara en un punto. El artículo 99 prohíbe fraccionar un contrato para eludir los requisitos de publicidad o el procedimiento que le correspondería, y el artículo 118 obliga a justificar que no se altera el objeto del contrato para evitar las reglas generales. En cambio, la Intervención no habla de fraude ni de ilegalidad, sino de «incumplimiento» de normas de contratación que deben corregirse.
Un problema que crece
Lejos de reducirse, los contratos que se quedan justo por debajo del límite han aumentado a lo largo del mandato. De acuerdo con los datos oficiales de contratación, una vez eliminados los duplicados, el Ayuntamiento firmó 11 en 2023, 17 en 2024 y 24 en 2025, en este último año por un importe conjunto de 354.017 euros. Entre ellos hay desde la sonorización de la Fiesta Mayor hasta el uniforme de la Policía Local, pasando por licencias informáticas o el alquiler de los motivos de Navidad.
En el caso de las obras, donde el límite es de 40.000 euros, también aparecen contratos rozando el tope. Por ejemplo, un campo de fútbol en La Flora adjudicado por 39.993 euros, o un contrato que combinaba la redacción de un proyecto y la ejecución de un derribo por 39.968,89 euros. Tampoco es la primera vez que el patrón sale a la luz. Teleolesa ya explicó cómo el Ayuntamiento adjudicaba millones a Somic con una fórmula para esquivar la ley. Y la impresión del Ayuntamiento se resolvió con contratos menores sucesivos a Impremta Prat, de 9.000 euros en 2024 y de 14.500 en 2025 y 2026, antes de la licitación del boletín municipal de este septiembre.
Lo que la Intervención ya había advertido
La alerta sobre los contratos se suma a otra objeción de la misma Intervención, la del presupuesto de 2025, que el gobierno aprobó pese a que el interventor lo había informado «con disconformidad». En definitiva, el órgano encargado de vigilar cómo se gasta el dinero de los olesanos ha dejado por escrito, año tras año, que el Ayuntamiento contrata sin la planificación que exige la ley. En el Pleno, en cambio, nadie habló de ello: en mayo de 2025 y en mayo de 2026, los dos informes pasaron como simples «dar cuenta», sin un solo comentario del gobierno ni de la oposición.
Queda por ver si en 2026 el gobierno cumplirá el compromiso de licitar los semáforos y las cañas, tal como recoge su propio plan de acción. También queda por saber si el próximo informe de control interno volverá a encontrar contratos troceados. Por ahora, lo que consta es que, en seis de cada diez casos revisados, el Ayuntamiento pagó por contrato menor trabajos que sabía que tendría que volver a pagar al año siguiente.
