El Ayuntamiento de Olesa se salta la protección de datos y cuelga el DNI de 243 vecinos pese a que el Estado advierte que no hay «ninguna causa que lo justifique»
El consistorio admitió en 2019 que las listas de las mesas «no se pueden hacer públicas», pero en 2023 las colgó y siguen en línea en la víspera de un nuevo sorteo
Cada vez que hay elecciones, el Ayuntamiento de Olesa de Montserrat sortea qué vecinos tendrán que pasar el domingo en las mesas electorales, una obligación a la que nadie se puede negar sin una causa justificada. En 2023, el sorteo para las elecciones generales del 23 de julio señaló a 243 olesanos. Su número de DNI, entero y con la letra, acabó colgado en la web municipal, junto al colegio en el que vota cada uno. Y aún hoy cualquiera puede descargarlo en dos clics. ¿Cómo llegó hasta ahí?
Por decisión del propio Ayuntamiento. Y no por error, sino por acuerdo del Pleno. Cuando los concejales hicieron el sorteo, votaron por unanimidad un punto que dice textualmente: «Publicar el resultado del sorteo en la web municipal, en la sede electrónica y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento». El certificado lo firman el entonces secretario municipal, Vicenç Tur, y el exalcalde, Jordi Parent, que dio su visto bueno. Son siete páginas con 27 mesas y 243 números de identidad, sin ningún nombre pero con todas las cifras a la vista. La web municipal incluso animaba a los vecinos a buscarse en ella para saber si les había tocado.
Lo más sorprendente es que el propio Ayuntamiento ya había advertido de que estas listas no podían hacerse públicas. En 2019, con motivo de las elecciones del 26 de mayo, la web municipal lo dejaba bien claro: «Para cumplir con la ley de Protección de Datos no se pueden hacer públicas las listas del sorteo de las mesas electorales». Cuatro años después, hizo exactamente lo contrario: publicó los resultados con los DNI completos de las personas designadas. Y mañana, martes 3 de noviembre, el Pleno vuelve a sortear las mesas, esta vez para las elecciones generales del 29 de noviembre.
Un DNI que nadie quiso ceder
Nadie se presenta voluntario para ir a una mesa electoral. La ley obliga a los ayuntamientos a elegir a los miembros por sorteo entre todo el censo, y quien resulta elegido no puede negarse sin una causa justificada, bajo pena de prisión o multa. Por eso los 243 olesanos de la lista no decidieron estar allí. Tampoco dieron permiso para que su DNI quedara colgado a la vista de todo el mundo.
Y es que el DNI no es un dato cualquiera. En 2019, el Ministerio del Interior publicó por error los documentos de identidad de más de 5.000 candidatos a las elecciones generales y tuvo que retirarlos. Según explicó entonces el medio de verificación Maldita, el DNI, cruzado con otros datos, puede servir para suplantar la identidad de alguien o para averiguar dónde está empadronado. Además, la lista de Olesa indica la sección en la que vota cada persona, un dato que acota el barrio en el que vive.
Siete páginas que siguen en línea
La primera página del documento explica que Olesa tiene 12 secciones y 27 mesas, y que para cada una se sortean nueve personas: un presidente, dos vocales y dos suplentes para cada cargo. Después viene la tabla, fila a fila: la sección, la mesa, el local donde se vota (del Centro Cívico Sant Bernat al Teatre de la Passió, pasando por los locales vecinales del Poble Sec, la Central y Les Planes), el cargo y el número de identidad.
El texto, de hecho, tiene incluso un error. Aunque cita el decreto que convocó las generales del 23 de julio, el acuerdo habla de «Elecciones Locales» y menciona las municipales del 28 de mayo, que se habían celebrado un mes antes.
Hoy, 2 de noviembre de 2026, el enlace sigue activo en la página de la web municipal dedicada a aquellas elecciones. Este medio no ha podido verificar si el Ayuntamiento repitió la publicación en las dos convocatorias electorales de 2024. Lo que sí consta es que la Junta Electoral Central ya había dicho que estas listas no deben publicarse, y lo había dicho doce años antes.
La Junta Electoral ya lo dijo en 2011
El 3 de noviembre de 2011, la Junta Electoral Central (JEC) respondió a una pregunta muy concreta: ¿un ayuntamiento puede publicar quién ha salido en el sorteo de las mesas? La respuesta fue que no. Según el acuerdo 663/2011, la ley electoral obliga a que el sorteo sea público, pero no a que se publiquen sus resultados, sobre todo porque no son definitivos: los elegidos todavía pueden pedir que los releven. La Junta lo dijo con una frase poco habitual en un texto oficial: su presidencia «no alcanza a comprender la justificación de una publicidad de este carácter».
Solo aceptaba una excepción, que cada persona pudiera comprobar si le había tocado introduciendo sus propios datos, como cuando se consulta el censo. Además, recordaba que ninguna publicación puede sustituir la notificación oficial.
Por otra parte, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) hizo suyo este criterio en 2016. En su informe 219/2016, rectificó una opinión anterior que sí permitía publicar los nombres y concluyó que colgar esos datos en internet sería contrario a la normativa de protección de datos. Además, el informe recordaba que las respuestas de la Junta Electoral Central son vinculantes. Y este criterio no se quedó en papel mojado: se aplicó contra otro ayuntamiento por las mismas elecciones.
El mismo día, otro ayuntamiento
El 28 de junio de 2023, el mismo día que en Olesa se firmaba el certificado, el Ayuntamiento de Renedo de Esgueva, un pueblo de Valladolid, colgó en Facebook los resultados de su sorteo: nombres, apellidos y nivel de estudios de los elegidos. La asociación de consumidores FACUA lo denunció ante la AEPD.
El Ayuntamiento retiró las publicaciones y se justificó diciendo que muchos vecinos le habían pedido las listas porque estaban de vacaciones y costaba notificárselas. No le sirvió de nada. El 16 de abril de 2024, la Agencia resolvió que, de acuerdo con la Junta Electoral Central, no hay «ninguna causa que lo justifique», por muy público que sea el sorteo. Por tanto, declaró que el consistorio había infringido el Reglamento general de protección de datos (RGPD) por no garantizar la confidencialidad ni la seguridad de los datos. Y recalcó que retirar las listas no lo eximía de responsabilidad.
Las administraciones públicas no pagan multas económicas en estos casos: la autoridad declara la infracción y puede obligar a corregirla. Hay, sin embargo, una diferencia entre los dos casos. En Renedo se publicaron nombres. En Olesa, números de DNI enteros.
La ley solo permite cuatro cifras
La Ley orgánica de protección de datos (LOPDGDD) de 2018 fija cómo deben identificar las administraciones a las personas cuando publican algo que les afecta. Según su disposición adicional séptima, debe hacerse con el nombre y cuatro cifras del DNI, y en ningún caso puede publicarse el nombre con el número completo. Para aplicarlo, las administraciones solo muestran de la cuarta a la séptima cifra y ocultan el resto con asteriscos.
El certificado de Olesa no tiene nombres, pero sí el número entero y la letra de cada persona, que es precisamente lo que este criterio quiere ocultar. En Cataluña, quien vigila que los ayuntamientos cumplan estas normas es la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT). Y no sería la primera vez que el Ayuntamiento de Olesa tiene problemas con ella.
No es el primer expediente
En junio de 2026, la APDCAT notificó al Ayuntamiento el inicio de un procedimiento sancionador por las deficiencias de la web de Olesa Ràdio, la emisora municipal, a raíz de una denuncia de este medio. Es un caso similar al de la investigación que la Autoridad había abierto meses antes contra el consistorio por un presunto tratamiento irregular de datos personales, o al de la web del servicio de residuos, que se estrenó sin banner de cookies ni política de privacidad hasta que Teleolesa lo publicó.
Por otra parte, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) de la Generalitat ha dado la razón a este medio hasta en cinco ocasiones porque el Ayuntamiento no le entregaba información pública, un caso similar al de las resoluciones que la Comisión aprobó por unanimidad en mayo de 2026. En aquellos expedientes, la GAIP hablaba de un «incumplimiento sistemático».
Mañana, una nueva lista
Mañana a las siete de la tarde, el Pleno volverá a sortear las mesas, ahora para las elecciones del 29 de noviembre. El orden del día, firmado por el actual alcalde, Marc Serradó, y por el secretario municipal, Bernat Moreno, solo tiene un punto: el sorteo. No dice nada de qué pasará con el resultado.
Por tanto, quedan preguntas sin respuesta. ¿Volverá el Pleno a acordar que se publique la lista? ¿Retirará el Ayuntamiento el certificado de 2023? ¿Alguno de los 243 vecinos que aparecen en él llevará el caso a la APDCAT? Mientras tanto, la Junta Electoral Central mantiene lo mismo que decía en 2011: quien resulta elegido debe enterarse por una carta oficial, y no por una lista colgada en internet.
