El alcalde de Olesa celebra que el Ayuntamiento está muy bien económicamente: «Tenemos tres millones y medio de euros ahorrados en la hucha»

Marc Serradó llegó al pleno de esta semana con datos que, sobre el papel, hablaban bien de la gestión municipal: el Ayuntamiento de Olesa de Montserrat cierra el 2025 con 3,2 millones de euros de superávit, una deuda viva del 47,38% —muy por debajo del límite legal del 75%— y un plazo medio de pago a proveedores de 9,55 días. «La hucha llena», dijo el alcalde. «Tenemos 3,4 millones de euros ahorrados en el banco». La misma sesión, sin embargo, se había convocado para aprobar un Plan Económico Financiero obligatorio —el documento que la ley impone a los ayuntamientos que superan los límites de gasto fijados por el Estado. La desviación fue de 2.142.483,35 euros. Serradó salió de la sala convencido de que todo iba bien. «Estoy muy tranquilo, muy tranquilo», declaró.

Obligados por ley

El Plan Económico Financiero —PEF— no es un documento que un ayuntamiento elija presentar. Es un trámite que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impone de forma automática cuando la Intervención General detecta que se ha superado la regla de gasto. Tener superávit, poca deuda y pagar rápido a los proveedores no exime de ello. El incumplimiento fue real: más de dos millones por encima del límite permitido.

La causa, según explicó el concejal responsable del área económica en el pleno, fue el uso del remanente de tesorería —los ahorros acumulados de años anteriores— para financiar diversas modificaciones presupuestarias durante 2025. Una parte de ese dinero, 1.735.791,45 euros, sirvió para incorporar créditos pendientes del ejercicio anterior. Otra, de 1.306.416 euros, permitió evitar la tramitación de nuevo endeudamiento. El resultado fue que el gasto computable superó el porcentaje de crecimiento que autoriza el Estado. Y con ese exceso, el PEF pasó a ser obligatorio.

La pregunta que nadie respondió

Dos concejales de la oposición pidieron, en turno de palabra, que se explicara exactamente en qué conceptos se aplicó aquel remanente. El primero fue Jordi Martínez: «De estas incorporaciones, ¿qué hizo que incumpliéramos y dónde aplicamos ese dinero?». No se oponía al PEF en sí, pero consideraba que los olesanos tenían derecho a saber por qué partidas concretas el consistorio había decidido superar el límite legal. «Quizá sí que vale la pena romper la regla de gasto», dijo, «pero para eso hace falta saber para qué».

Fernando Vicente añadió una preocupación distinta: quería saber qué limitaciones prácticas supone tener un PEF en vigor durante dos años. Si habrá inversiones que no se podrán hacer. Si se limitarán contrataciones o se ajustará la plantilla. Serradó respondió citando la biblioteca, la calle Francesc Macià y el Escorxador como ejemplos de la inversión realizada durante el mandato. La relación detallada de los expedientes que activaron la desviación no apareció en ningún momento de la sesión.

«Somos cautivos de una normativa sin sentido»

El alcalde dedicó buena parte de su intervención a criticar la norma que le obligaba a estar allí. La regla de gasto, argumentó, limita el crecimiento anual del gasto municipal a un porcentaje de lo que se gastó el año anterior, algo que choca con los ciclos naturales de inversión local. «Cuando tienes que hacer una inversión grande, el gasto aumenta y enseguida hace saltar el porcentaje», explicó. «Eso les pasa a todos los ayuntamientos. El tercer año de mandato revienta todo».

Atribuyó la norma al Partido Popular del gobierno Rajoy, aprobada en 2012, y reprochó al Partido Socialista que desde el gobierno central «todavía no la haya modificado». El principio que defendía era sencillo: si los olesanos han ahorrado, deberían poder gastarlo cuando quieran. «Somos cautivos de una normativa sin sentido un año más», concluyó.

No es la primera vez que Olesa pasa por aquí. El propio Serradó recordó en el pleno que hubo un PEF idéntico en el mandato anterior, cuando el Ayuntamiento también estaba «completamente saneado». La norma, insistió, es injusta. Lo que no explicó es por qué, sabiendo que el gasto se acercaba al límite, las modificaciones presupuestarias se aprobaron igualmente sin avisar al pleno de dónde iban exactamente los fondos.

Dos años bajo el plan, ¿y ahora qué?

Las medidas que prevé el PEF no implican recortes ni subida de impuestos. El documento se fundamenta en el compromiso de gestionar el remanente de forma más conservadora durante 2026 y 2027, de manera que el gasto no vuelva a superar los límites establecidos. Según las proyecciones del consistorio, las liquidaciones de los dos próximos ejercicios cumplirán todos los parámetros exigidos.

Serradó terminó su intervención como la había empezado. La hucha está llena, el Ayuntamiento es solvente, los indicadores lo avalan. El PEF, insistió, es solo el trámite formal de una normativa injusta que les obliga a pasar por trances innecesarios. «Únicamente somos cautivos de una normativa sin sentido», repitió. Y añadió, por si alguien lo dudaba: «Estoy muy tranquilo».

Mientras tanto, la parada de Monbus en la plaza de l'Oli lleva semanas suprimida sin que el Ayuntamiento haya construido la infraestructura de accesibilidad que la empresa reclama para volver a ella. El Poble Sec acumula denuncias públicas por el estado de sus espacios. Y cientos de vecinos recibieron esta misma semana la noticia de que el consistorio había impuesto las primeras multas de hasta 300 euros a ciudadanos que dejaron la basura fuera de unos contenedores que, según denuncian, el propio sistema municipal hace inaccesibles entre sábado y lunes.