El alcalde de Olesa expulsa a un concejal de la oposición y cancela el turno de ruegos y preguntas del público: «usted me escuchará y callará»
Serradó detuvo el pleno, reunió a los portavoces en un receso y, cuando volvió, ya no había turno para nadie: «Buenas noches a todos»
El pleno ordinario de Olesa de Montserrat de ayer duró cerca de seis horas y acabó con dos personas fuera de la sala y un punto del orden del día sin celebrar: los ruegos y preguntas del público, el único momento de la sesión en el que la ciudadanía tiene la palabra. Quienes habían ido expresamente a usarla llevaban cinco horas esperando sentados.
El primero en recibir la orden de salir fue el concejal de Ciudadanos, Josep M. Paniello, durante el turno de ruegos y preguntas de los grupos. La segunda, una vecina del público, ya en el tramo final. Ambas salidas se produjeron inmediatamente después de que uno y otra cuestionaran la presidencia, que ocupa el alcalde, Marc Serradó, del Bloc Olesà-CUP.
El concejal que se quedó sin respuesta y sin escaño
Paniello formuló tres preguntas cerradas sobre la concentración del 2 de septiembre ante el Ayuntamiento en apoyo a los ciudadanos de Ceuta, y advirtió de antemano del formato que pedía: «Me ha de decir sí o no. Está muy claro».
El alcalde no respondió ni sí ni no. Empezó a exponer su valoración de la situación en Ceuta —que es preocupante y que el gobierno español «ha ido tarde y ha ido mal»— y el concejal lo interrumpió. Serradó abandonó entonces el contenido para ir a las formas: «cuando usted ha hablado le hemos escuchado. Si yo hablo no me puede cortar de esta manera».
A continuación retiró la respuesta: «no le contestaré porque usted no puede mantener un mínimo diálogo democrático». Siguió una advertencia, una orden —«usted me escuchará y callará»— y tres invitaciones consecutivas a abandonar la sesión: «le invito a que se vaya», «le invito a que abandone el pleno», «por favor, abandone el pleno». El concejal salió sin haber obtenido respuesta a tres preguntas registradas y sin completar su turno.
El Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (ROF), aprobado por el Real decreto 2568/1986, regula con detalle las facultades del presidente del pleno, pero no prevé la retirada de una respuesta ya iniciada como medida disciplinaria.
Sobre la expulsión de concejales, el terreno normativo es aún más estrecho. Un análisis publicado en septiembre de 2025 en el blog jurídico de ACAL, consultora especializada en administración local, recuerda que, a diferencia de la policía de estrados de los tribunales, en las entidades locales no hay ninguna norma de rango legal que ampare la facultad del presidente para expulsar a un miembro del pleno: las únicas previsiones son de rango reglamentario. Y constata que la mayoría de sentencias que analiza declaran inválida la medida.
La resolución que cita de forma expresa es la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 30 de junio de 2025 (recurso 512/2025), según la cual las normas que atribuyen facultades de policía a los alcaldes deben interpretarse de forma restrictiva, porque pueden limitar el derecho fundamental de los concejales a participar en los asuntos públicos, y su aplicación debe ser motivada y no arbitraria. El mismo texto recoge una segunda sentencia del mismo tribunal, de 27 de enero de 2025 (recurso 793/2024), que cuestiona la validez de la medida cuando los llamamientos al orden se encadenan sin margen entre uno y otro.
La asistente expulsada y el punto que no se celebró
La segunda salida llegó al final. Serradó había advertido dos veces a una asistente mientras el secretario leía los acuerdos de los convenios de vivienda pública, y le había anunciado que aquel era el último aviso. Al abrirse el turno de participación ciudadana, no hubo ningún aviso intermedio: le indicó directamente que abandonara la sala.
La mujer se negó. «Esta es la casa de todos, vosotros cobráis dinero público, tenemos derecho a expresarnos», respondió. Y añadió: «cuando se les dice una cosa que no les gusta escuchar, expulsan a la gente».
El artículo 88.2 del ROF establece que el público asistente no puede intervenir en las sesiones ni hacer manifestaciones de aprobación o desaprobación, y que el presidente puede proceder, «en casos extremos», a expulsar a quien impida el desarrollo normal de la sesión. El reglamento sitúa esta medida como excepcional. Ayer se aplicó dos veces en una misma sesión, y no es un recurso nuevo de esta presidencia: durante este mandato ya recibió la orden de salir un miembro de la Asociación por una Sanidad Pública y de Calidad, la entidad que precisamente ayer volvía a estar en la sala para defender la moción de las farmacias de guardia y a otra vecina indignada con el gobierno local.
Ante la negativa, el alcalde detuvo el pleno —«no continuará hasta que no se vaya»—, pidió un receso y reunió a la junta de portavoces. La decisión que salió fue suprimir el turno de participación ciudadana. Al cerrar la sesión, Serradó lamentó «enormemente que una ciudadana condicione la participación de todo el resto que se han esperado 5 horas para poder intervenir».
Los tiempos: quién los pierde, quién los recupera y quién no tiene
La sesión de ayer también deja registrado cómo se administró el tiempo de palabra, que el ROF encomienda al presidente con un criterio explícito: velar por que todas las intervenciones tengan la misma duración.
Los cortes por agotamiento del tiempo recayeron en todos los casos en concejales de la oposición. Samuel Rodríguez, de Olesa Oberta-En Comú Podem, fue interrumpido dos veces a mitad de argumentación: en el debate de las ordenanzas fiscales —«me sabe mal [...] pero se le ha acabado el tiempo»— y en el de las farmacias de guardia —«señor Rodríguez, me sabe mal pero se le ha acabado el turno»—. La concejala del PP, Jessica Fernández, también fue cortada en dos ocasiones, después de haber advertido que desde su escaño no tiene visibilidad del cronómetro: «desde aquí no veo el tiempo de intervención».
En el lado contrario, el primer teniente de alcalde, Jordi Parent (ERC), reinició su propio tiempo en voz alta antes de una intervención: «ahora, ¿me permitís que me vuelva a poner el tiempo porque si no, no tendré tiempo». No consta ninguna objeción de la presidencia.
El alcalde, por su parte, intervino para cerrar cada uno de los grandes bloques de la sesión. Su réplica al debate de ordenanzas fiscales —el más largo de la noche— respondió uno por uno a todos los portavoces sin limitación de tiempo.
La cuestión ya se había planteado antes en este consistorio. Serradó ha defendido en plenos anteriores que la alcaldía dispone de un turno propio que le permite extenderse, criterio que la oposición ha cuestionado de manera reiterada. El concejal no adscrito Jordi Martínez lo formuló así: «no existe el turno de alcaldía».
El silencio, también desigual
La misma sesión recoge un tercer contraste en la aplicación de las normas de orden. Desde la presidencia se requirió silencio a la sala en varias ocasiones y se recordó que, mientras haya orden del pleno, no se puede hablar desde el público. Esta es la regla que acabó motivando las dos expulsiones.
En la mesa del gobierno, en cambio, la conversación entre miembros del equipo de gobierno se mantuvo durante intervenciones de la oposición sin que la presidencia interviniera, mientras el alcalde consultaba de manera continuada el teléfono móvil y el ordenador. La incidencia consta en el acta por la vía de las quejas: Jessica Fernández interrumpió su propia exposición dos veces para denunciarlo —«entre escuchar murmullos, cada vez lo ponéis más difícil» y «es que no paro de escuchar murmullos»— y la presidencia tuvo que pedir a la sala que la escuchara. La misma concejala añadió que lo que se vive desde el escaño «es para grabarlo un día y ponerlo».
El contexto: la noche en la que se aprobó la factura de 2027
El orden del día de ayer incluía la aprobación provisional de las ordenanzas fiscales para 2027, con una subida del tipo de gravamen del IBI del 3,5% y la congelación de la parte fija de la tasa de residuos en 211 euros, a la que se añade un tramo variable de 122,59 euros para las viviendas que no usen el sistema de contenedores.
Toda la oposición situó esta subida como el tramo final de un incremento acumulado cercano al 30% en cuatro años. Rodríguez lo calificó de «monstruosidad»; Paniello cifró en un 31% la subida de la contribución y en un 64% la de las basuras; y Jordi Martínez, que fue concejal de Hacienda el primer año de este gobierno, recordó que el programa con el que se presentaron comprometía en el punto 104 no subir los impuestos por encima del IPC. Las ordenanzas quedaron aprobadas con 10 votos a favor y 10 en contra.
El pleno aprobó también, por unanimidad, dos convenios con la Agencia de la Vivienda de Cataluña para construir 117 viviendas de protección oficial en dos solares municipales.
Qué pasa ahora
Al levantar la sesión, el alcalde anunció que la junta de portavoces tendrá que hacer «una reflexión» porque lo que pasó «no se puede volver a repetir». No concretó su contenido ni el calendario.
El turno de ruegos y preguntas del público, que se quedó sin celebrarse, no tiene mecanismo de recuperación: las cuestiones que la ciudadanía quería plantear allí tendrán que esperar al próximo pleno ordinario. Las municipales se celebran el 23 de mayo de 2027.
