El gobierno de Serradó sube el IBI y deja el recibo de los olesanos casi un 30% más caro que al inicio del mandato

Una familia olesana con un recibo de IBI de 530 euros pagará 18,55 más el año que viene. Otra, con un recibo de 980, pagará 34,30 más. Son las cifras que el concejal de Economía y Hacienda, Joan Martínez, puso sobre el atril el jueves para explicar qué significa la subida del 3,5% del tipo de gravamen que el pleno aprobó aquella misma noche, y que sitúa el IBI urbano del 0,974% actual al 1,008%.

La cifra que no salió del banco del gobierno es la otra: la suma. Según los cálculos que expuso la oposición sin que nadie los desmintiera, ese 3,5% cierra un mandato con un incremento acumulado del 29,12%. El concejal no adscrito Jordi Martínez, que fue concejal de Hacienda el primer año de este mismo gobierno, lo tradujo a la misma familia del primer ejemplo: aquel recibo de 530 euros eran poco más de 430 hace tres años, y con una subida ajustada al IPC ahora estaría alrededor de los 480.

Las ordenanzas fiscales para 2027 quedaron aprobadas con 10 votos a favor y 10 en contra: Junts per Olesa, ERC y el Bloc a favor; el concejal no adscrito, Ciudadanos, Olesa Oberta-En Comú Podem, el PP y el PSC en contra.

Los tres motivos que da el gobierno

El concejal de Hacienda encadenó tres justificaciones. La primera, los costes: el IPC catalán se sitúa en el 4% y la propuesta municipal queda medio punto por debajo. La segunda, y la que más pesa en euros, el acuerdo salarial firmado por el Gobierno español con los sindicatos mayoritarios, que obliga a los ayuntamientos a asumir un incremento del 4,5% en 2027, el ejercicio más alto de toda la vigencia del acuerdo. En Olesa, cifró, eso representa más de medio millón de euros. La tercera, la licitación de nuevos contratos con los incrementos salariales incorporados, como el de limpieza de equipamientos o el de ALSAT, que según explicó en el pleno de julio encarece el servicio en más de 280.000 euros.

El alcalde, Marc Serradó, del Bloc Olesà-CUP, cerró la exposición admitiendo lo que la cifra ya dice: «es verdad que este gobierno ha hecho subidas del IBI por encima de lo que hubiera querido hacer. Y eso es una responsabilidad que no tenemos, debemos asumirla y la asumimos». Defendió que querían congelarlo y que no encontraron ninguna vía alternativa «que no sea recortar servicios que consideramos imprescindibles», y emplazó a la oposición a concretar de qué partida recortaría: «todas estas críticas a las subidas del IBI, yo les pido que vayan acompañadas de una propuesta en el gasto».

El comparativo que el gobierno lleva cada año, y el que le falta

El argumento que el gobierno repite año tras año es que Olesa sigue teniendo uno de los IBI medios más bajos del entorno. Joan Martínez puso números: si los dieciocho municipios del alrededor que enumeró congelaran el impuesto y Olesa no lo hiciera, el pueblo quedaría en la posición 13 de 18. Es decir, en la parte baja de la tabla.

La oposición no discutió el dato. Discutió lo que no lo acompaña. El concejal no adscrito lo formuló así: «cuando damos datos, los damos todos». E aportó el que falta, la renta: la renta per cápita de Catalunya se sitúa alrededor de los 21.000 euros, la del Baix Llobregat en los 24.000 y la de Olesa no llega a los 20.000. Si se paga menos IBI, argumentó, es porque también se ingresa menos. El portavoz del PSC, Carlos Fernández, coincidió desde el otro lado del debate: «seguimos siendo un municipio con el IBI bajo, claro que lo somos, porque no tenéis las mismas condiciones económicas que el resto de municipios». Y añadió una conclusión incómoda: el problema sería precisamente que con esta renta el IBI fuera más alto que la media.

Samuel Rodríguez, de Olesa Oberta-En Comú Podem, fue más allá y dijo que había buscado precedentes del 29% acumulado: citó Blanes, que llegó al 51%, pero que acabó intervenida por el Estado. También advirtió del tope legal: el Ayuntamiento grava el 1% del valor catastral y el máximo para municipios como Olesa es el 1,1%. «El próximo gobierno que llegue no podrá subir el IBI, por mucho que quiera, más de un 10% porque los habéis petado ya en estos cuatro años», dijo. Y recordó que la revisión catastral de Olesa es de 1996.

El punto 104

El argumento más incómodo de la noche no vino de un partido de la oposición clásica, sino desde dentro de casa. Jordi Martínez recordó que el programa electoral con el que se presentó el proyecto que hoy gobierna incluía un compromiso explícito: no subir los impuestos por encima del IPC. «Eso lo llevaba en el programa y de hecho yo me encargué como cabeza de lista de defender esta idea», dijo. Con un IPC acumulado de cuatro años que no llegará al 15%, el incremento del IBI cerca del 30% deja una diferencia de quince puntos.

Su reproche no es que se rompa el cálculo, sino el compromiso: «un programa electoral para mí es un pacto con la ciudadanía». E admitió que él mismo defendió la primera subida, la del 7,5%, cuando era concejal de Hacienda, con una lógica que ahora reclama: subir fuerte al principio del mandato para poder congelar los dos últimos años.

«Presupuestar mejor» y otras vías de ingreso

La oposición respondió al emplazamiento del alcalde con propuestas concretas, y todas apuntaban en la misma dirección: los ingresos que no se están cobrando y el gasto mal calculado.

Jordi Martínez puso un ejemplo documentado: la partida de suministros de agua y energía del presupuesto de 2025, el año de la subida más alta, se presupuestó en 1.300.000 euros y para 2026 y 2027 ha quedado reducida a 800.000. Medio millón de euros de diferencia en una partida que, según dijo, no llegó a ejecutarse ni al 50%. Su conclusión: sin ese error, el IBI de ese año podría haber subido tres o cuatro puntos en lugar de diez. Añadió otro dato: el número de viviendas ha crecido de 10.000 a 10.500, lo que supone unos 250.000 euros más de recaudación «caídos del cielo».

Rodríguez detalló su bloque alternativo de ingresos: subir el impuesto de actividades económicas a niveles equiparables a los de Sant Andreu (unos 90.000 euros), aplicar el informe económico de los vados industriales que se encargó y nunca se ejecutó (unos 64.000), hacer cumplir la tasa de utilización privativa del espacio público a las compañías de telefonía móvil (unos 100.000), aplicar de verdad el recargo del IBI a los pisos vacíos de grandes tenedores (unos 24.000) e implantar la tasa de última milla (entre 80.000 y 90.000). En el punto de la limpieza de edificios, cuantificó en más de 450.000 euros anuales el ahorro potencial de municipalizar el servicio, entre el IVA del 21%, los costes indirectos y el beneficio industrial.

Ciudadanos y el PP fueron por la otra vía, la del gasto. Josep M. Paniello cifró la subida acumulada en un 31% y propuso revisar la Escuela de Música —500.000 euros anuales—, la radio municipal, los servicios jurídicos y los trabajos externalizados. Jessica Fernández se sumó y añadió memoria histórica, turismo y la supresión de concejalías. El alcalde respondió al bloque entero reclamando concreción partida por partida y calificó de «alerta roja» que se propusiera recortar en feminismo e igualdad.

El alquiler, el efecto que nadie negó

Hubo una consecuencia de la subida que no recibió réplica del gobierno. Jordi Martínez recordó que el IBI lo paga el propietario, pero que en el mercado de alquiler acaba repercutiendo: «cuando a un propietario se le sube el IBI, este IBI normalmente acaba repercutiéndose con el alquiler». La ley permite esa repercusión, y el concejal apuntó que un Ayuntamiento que congelara el impuesto tendría un argumento para pedir contención a los propietarios. Con la subida aprobada, no lo tiene.

Basuras congeladas, con letra pequeña

El paquete de ordenanzas trajo también la tasa de residuos, y aquí el gobierno sí que exhibía una buena noticia: la parte fija se congela en 211 euros. El concejal de Medio Ambiente, Ivan Carreira, lo atribuyó a la mejora de la recogida selectiva, que ha pasado del 37,44% de 2024 al 57,7% de mayo y a superar el 60% desde junio, con la reducción de aportaciones al vertedero que ello comporta.

La letra pequeña es el tramo variable de 122,59 euros para las viviendas que no hayan recogido la tarjeta o que no la hayan utilizado nunca. Carreira insiste en que no es una sanción, sino el coste de los servicios adicionales de recogida de abandonos. Paniello habló de «multas encubiertas»; Carlos Fernández, de «sanción encubierta»; y Rodríguez cuestionó su encaje jurídico, porque entiende que un tramo que solo puede tomar dos valores fijos no es variable, y recordó tasas tumbadas en León o Valencia y las 2.400 denuncias recibidas en Sant Cugat.

En la práctica, una vivienda sin tarjeta pagará 233,59 euros. Otra con bonificaciones de renta y ambientales puede quedarse, según el ejemplo del propio concejal, en 66,7 euros.

Qué pasa ahora

Las ordenanzas quedan aprobadas provisionalmente. Se exponen al público treinta días hábiles desde la publicación del anuncio en el boletín oficial de la provincia, plazo durante el cual cualquier persona con interés directo puede presentar reclamaciones. Si no se presenta ninguna, el acuerdo queda aprobado definitivamente y los nuevos tipos devengan el 1 de enero de 2027.

Las bonificaciones de renta de la tasa de residuos se pueden solicitar hasta el 31 de marzo de 2027. Y el debate que el jueves quedó aplazado, el del gasto, llega al pleno de presupuestos previsto para el otoño, el último de este mandato antes de las municipales del 23 de mayo de 2027.