Olesa es el tercer municipio de Cataluña donde más caen los contratos de alquiler

Quien busque hoy un piso de alquiler en Olesa en los portales inmobiliarios difícilmente encontrará ninguno. No lo dice ninguna agencia, sino el Pla Local d'Habitatge que ha redactado el propio Ayuntamiento, que describe la oferta como «inexistente» y recoge que se llegan a alquilar habitaciones a 300 y 400 euros al mes. Los registros oficiales, además, muestran una caída en picado: en 2025 solo se registraron 219 contratos de alquiler nuevos, un tercio menos que el año anterior.

Un tercio menos de contratos en un año

Cada vez que se alquila un piso en Cataluña, el propietario debe depositar la fianza en el Institut Català del Sòl (INCASÒL), y este registro es el que permite contar los contratos nuevos. En Olesa, hubo 333 en 2024 y 219 en 2025, un 34,2% menos. Es la cifra más baja desde 2009 y queda lejos del máximo de 2014, cuando se firmaron 421.

La caída, además, es casi cuatro veces la del conjunto de Cataluña, donde los contratos bajaron un 8,9%, de 118.626 a 108.057. Entre los municipios catalanes de más de 10.000 habitantes, solo dos perdieron más contratos en proporción: Martorell (−43,4%), que venía de un 2024 excepcional con 558 contratos, y Cassà de la Selva (−41,2%). Si el umbral sube a los 20.000 habitantes, Olesa es la segunda, solo por detrás de Martorell.

El entorno tampoco sigue el mismo camino. En Esparreguera los contratos subieron un 4,7%, de 235 a 246, mientras que en Abrera cayeron un 21,5%. El contraste es más evidente si se tiene en cuenta que Olesa gana unos 290 habitantes al año, tal como ha publicado Teleolesa.

El mismo Pla Local d'Habitatge, que trabaja con datos hasta 2024, afirmaba que en los últimos diez años los contratos en Olesa habían disminuido «en menor medida» que en los municipios vecinos. Los datos de 2025, sin embargo, ya dibujan el cuadro contrario. El primer semestre de 2026 muestra un cierto rebote, con 122 contratos frente a los 96 del mismo período de 2025, aunque todavía son un 32% menos que en 2024.

Un alquiler un 52% más caro que en 2014

El precio ha hecho el camino inverso al de los contratos. El alquiler medio de los contratos nuevos era de 447,96 euros en 2014 y de 680,95 euros en 2025, un 52% más en once años. El plan municipal también lo constata y habla de un incremento del 51,1% en diez años, hasta una media de unos 700 euros al mes.

Ahora bien, en 2025 el precio anual bajó un 2,0% respecto a 2024, cuando llegó a los 695,17 euros, y Olesa sigue teniendo el alquiler medio más bajo de los seis municipios del entorno, por debajo de Esparreguera (723,53 euros), Martorell (786,91), Abrera (792,52), Sant Esteve Sesrovires (933,32) y Vacarisses (1.018,71). Aun así, los agentes entrevistados por el plan advierten de que el precio real «puede ser más elevado precisamente por la falta de inmuebles en oferta». De hecho, el segundo trimestre de 2026 fue el más caro de toda la serie, con 727,64 euros de media, si bien solo se registraron 48 contratos.

El documento cifra también el esfuerzo que supone pagar el alquiler, que equivale al 20,8% de los ingresos de un hogar y al 42,7% de los de una sola persona.

Habitaciones a 300 y 400 euros

El diagnóstico del plan va más allá de los números. Según recoge el documento, los agentes sociales e inmobiliarios entrevistados alertan de «la presencia de alquiler y subarrendamiento de habitaciones a un precio de 300-400€ al mes» y «perciben un aumento del racismo y clasismo inmobiliario a la hora de alquilar un piso». También se menciona «la presencia de contratos y/o cláusulas abusivas, pagos por la gestión, restricciones de derechos básicos de los inquilinos, entre otros».

El mismo trabajo identifica 87 hogares con ocho o más personas empadronadas, un número que supera los criterios de habitabilidad para un piso de 80 metros cuadrados, y entre 190 y 200 viviendas con indicios de desocupación porque apenas consumieron agua en 2023 y 2024.

La presión no es nueva. En junio de 2025, un grupo de familias se concentró ante el Ayuntamiento para denunciar, según sus portavoces, contratos de vivienda social que habían dejado de serlo y deudas que las abocaban al desahucio.

Treinta años sin ninguna promoción protegida

Hay una frase del plan que resume buena parte del problema: «Desde el año 1996 en Olesa de Montserrat no se han realizado promociones de vivienda protegida». La vivienda protegida es la que tiene un precio de venta o de alquiler limitado por ley y se adjudica a familias con ingresos moderados, y en Olesa hace tres décadas que no se levanta ninguna.

Ahora hay dos en marcha. Por un lado, la Fundació Salas construye 28 de alquiler en la calle de la Indústria y, por otro, el INCASÒL levanta 33 en la calle Josep Perpinyà, unas obras que debían terminar en septiembre de 2026, según se explicó durante la visita de la consellera Sílvia Paneque del pasado diciembre. En septiembre, además, el pleno aprobó por unanimidad los convenios para construir 117 pisos más de alquiler protegido, que aún esperan que la Generalitat convoque el concurso.

La demanda, mientras tanto, se acumula. El registro de solicitantes de vivienda protegida tiene 281 inscritos, y la mitad ingresan menos de 10.000 euros al año, algo que, según el plan, solo les permitiría pagar un alquiler de 250 a 300 euros al mes. En total, el documento calcula que hay 522 hogares con necesidades de vivienda no cubiertas.

El parque destinado a políticas sociales es de 535 viviendas, pero solo 32 son del Ayuntamiento. Y en 2025 se empezaron a construir 13 viviendas en todo el municipio, ninguna de protección oficial, mientras que en Martorell se iniciaron 217, de las cuales 99 eran protegidas.

Sin tanteo y retracto ni una mesa de vivienda

Una de las herramientas de que disponen los ayuntamientos es el derecho de tanteo y retracto, que les permite comprar antes que nadie un piso que sale a la venta, por el mismo precio, para destinarlo a vivienda social. El plan municipal lo descarta: «Actualmente, el Ayuntamiento no considera la definición de posibles áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto, ya sea por su escasa viabilidad o porque habría que estudiar previamente su aplicabilidad».

El documento admite, asimismo, que «a nivel municipal no hay espacios de coordinación técnica específicos para políticas de vivienda, así como espacios de participación política», y explica que se está trabajando para crear una Mesa Local de Vivienda. Todo ello, en un municipio donde el 16,9% de los hogares viven de alquiler, por debajo del 18,3% del Baix Llobregat y del 23,2% de Cataluña.

Lo que dice el Ayuntamiento

Después de tres décadas sin promociones, ahora hay varias en marcha. Entre los 33 pisos de Perpinyà, los 28 de la Indústria y los 117 aprobados en septiembre, suman 178 viviendas, cerca de las 250 que el plan se marca como objetivo hasta 2031. En diciembre de 2025, el alcalde previó que 2026 sería un momento destacado en la disponibilidad de vivienda protegida, y en el pleno de septiembre celebró el consenso de todos los grupos en torno a la vivienda pública.

Según el plan, cada año se conceden a vecinos del municipio unos 450 ayudas al pago del alquiler y unas 500 para los suministros, y el Ayuntamiento dispone de una bolsa de mediación. Además, el Plan Normativo Municipal de 2026 prevé ayudas directas a los propietarios que cedan pisos vacíos a la Bolsa de Alquiler municipal.

Los datos también ofrecen argumentos al gobierno. La caída de contratos es general en Cataluña, y el precio medio de Olesa bajó en 2025 mientras la media catalana subía. Además, parte de la solución no depende del consistorio, porque los 117 pisos los debe licitar la Agència de l'Habitatge de Catalunya y los nuevos sectores de crecimiento se desarrollan por iniciativa privada.

Las claves que quedan abiertas

El Pla Local d'Habitatge todavía consta como documento en exposición pública, y los 117 pisos dependen de un concurso que la Generalitat debe convocar en un plazo de dos años o los solares volverán al Ayuntamiento. Mientras tanto, la cifra de referencia es la que ya reconoce el documento municipal: 522 hogares de Olesa con necesidades de vivienda no cubiertas.