ESCÁNDALO: El Ayuntamiento lleva 14 años pagando por publicidad institucional a una publicación clandestina

El Ayuntamiento de Olesa de Montserrat lleva catorce años inyectando dinero público en una revista que, a efectos de preservación del patrimonio, lleva más de una década extinguida. La publicación "08640" figura como cesada en el registro oficial y no aporta ejemplares desde 2012. Y sin embargo, el consistorio ha continuado financiando mensualmente su impresión y reparto mediante la inserción constante de publicidad institucional.

El goteo de fondos municipales hacia la entidad editora no se ha detenido pese a ese estatus irregular. Y aquí es donde la historia da un vuelco. Lo que hoy revela este periódico en exclusiva no es únicamente que el Ayuntamiento lleva más de una década financiando una publicación administrativamente muerta; es la maniobra de última hora para tapar el agujero. Según una comunicación escrita de la Oficina del Dipòsit Legal de Barcelona a la que ha tenido acceso este diario, el responsable ha contactado con ellos para intentar regularizar la situación.

Movimientos a contrarreloj en el registro

El expediente oficial traza una línea de tiempo muy clara. El número de identificación de la revista, el DL B 42490-2004, se solicitó en septiembre de 2004 a nombre del impresor. La ley cambió en 2011 y trasladó la obligación legal de hacer este depósito directamente al editor de la publicación. Desde el año siguiente, el rastro documental en la Biblioteca de Catalunya simplemente desapareció.

Así lo revela la Generalitat. El responsable del mensual "08640" se ha puesto en contacto recientemente con la oficina barcelonesa para averiguar cuántos números faltan e intentar entregarlos todos. Una maniobra reactiva para acatar la constitución del depósito legal que lleva catorce años ignorando de forma continuada.

Denuncia en el consistorio

La alarma sonó formalmente el pasado 20 de abril. Un escrito registrado por uno de nuestros periodistas ha alertado al Ayuntamiento de que está regando con fondos públicos a un medio que opera al margen de la normativa sectorial. El documento no especula. Señala directamente que esta tolerancia institucional genera una competencia desleal y un agravio comparativo frente a otros profesionales y medios del municipio que sí cumplen con sus obligaciones legales y fiscales.

La sombra del Código Penal

Para que un proveedor reciba dinero del Ayuntamiento o firme contratos de publicidad, está obligado a presentar una declaración responsable. En ese documento oficial jura estar al corriente de todas sus obligaciones. Si el editor del mensual ha estado firmando esos papeles mientras usaba un número de depósito inactivo y cesado desde hacía 14 años, el asunto abandona lo administrativo y roza el ámbito penal.

De confirmarse, las implicaciones son contundentes. Se exige la suspensión y paralización inmediata de cualquier adjudicación, acuerdo o subvención vinculada a esta revista. Si la revisión de los expedientes detecta que se faltó a la verdad en un documento oficial para obtener dinero del erario, el Ayuntamiento tendrá el deber de remitir los hechos directamente al Ministerio Fiscal por la presunta comisión de un delito de falsedad documental.