Ciudadanos carga contra una radio «que escuchan cuatro personas» y que cuesta 285.795 euros al año mientras solo ingresa 302 con anuncios

Trescientos dos euros con veinte céntimos. Eso es todo lo que Olesa Ràdio facturó en publicidad durante todo 2025, según la memoria que el propio Ayuntamiento ha publicado en su portal de transparencia. El presupuesto de 2026, aprobado con un programa contable que lleva la palabra «radio» escrita en el título, destina a la emisora 285.795,76 euros. El portavoz de Ciutadans, José María Paniello, lo ha resumido en declaraciones públicas diciendo que el pueblo paga una radio que escuchan cuatro personas.

Y el retorno de esa inversión se puede contar. Los 58 vídeos que la emisora tiene publicados en su canal de YouTube suman 5.230 visualizaciones entre todos: una media de 90 por vídeo en un municipio de más de 24.000 habitantes.

La emisora que sostienen estos dineros, además, no es un medio cualquiera del pueblo. La dirige quien fue cabeza de lista y portavoz de la CUP en Esparreguera en 2019, y la CUP es hoy una de las cuatro formaciones que sostienen el gobierno municipal. Es el mismo medio que una concejala del PP acusó públicamente de manipular y desinformar con mala fe, y el mismo que ha acabado llevando al Ayuntamiento de Olesa ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos, que el pasado junio abrió un procedimiento sancionador por el funcionamiento de su web.

Y es que la pregunta que Paniello ha puesto en circulación no es qué emite la radio, sino quién la paga y cuánta gente está al otro lado. Su propuesta tiene tres patas: subir la audiencia, abrir la puerta a los anunciantes y explorar convertir la emisora en comarcal, compartida con otros municipios.

El presupuesto que separa la radio del resto

Durante años, saber cuánto costaba exactamente Olesa Ràdio exigía reconstruirlo a mano, porque las memorias del departamento mezclaban la emisora con la web municipal, las redes sociales y el boletín. El presupuesto de 2026 ha resuelto el problema: el consistorio divide el programa de comunicación en dos aplicaciones. La 4910 se llama «Sociedad de la información – Radio». La 4911, «Sociedad de la información – Nuncio».

La primera, la de la radio, suma 285.795,76 euros de créditos iniciales. De estos, 217.381,24 son nóminas y cuotas patronales repartidas en seis conceptos retributivos; 31.757,73 van a reparación y mantenimiento de equipos de procesos informáticos; 16.661,79 a cánones; 8.195 a estudios y trabajos técnicos; 6.050 a mantenimiento de aplicativos; y 2.500 a maquinaria e instalaciones. La segunda, la del boletín y la publicidad institucional, suma 127.704,48. Las dos juntas, 413.500,24 euros: un 1,3% de todo el presupuesto municipal, que este año es de 31.526.087,20.

Traducido a escala diaria, la emisora cuesta 783 euros cada día del año. Por habitante, cerca de doce euros anuales.

Trescientos dos euros de publicidad en doce meses

Al lado de este gasto, la columna de los ingresos produce otro efecto. La memoria de 2025, la última publicada, es taxativa: publicidad, 302,20 euros; aportaciones de la Xarxa Audiovisual Local, 7.895. Total, 8.197,20 euros frente a un gasto de departamento de 342.013,39.

No es un mal año aislado, sino una caída. En 2023, la misma línea de publicidad cerró con 1.354,41 euros. En 2025 quedó en poco más de una quinta parte. Para que la cifra se pueda medir con algo: lo que la emisora ingresó en publicidad en todo el ejercicio no llega a cubrir ni el canon anual que paga a la SGAE, 2.896,21 euros, ni el mantenimiento remoto del software de emisión, 1.815, ni el alojamiento y soporte técnico de su propia web, 2.382,14. Son 302,20 euros contra un coste que el propio Ayuntamiento cifra en cientos de miles.

El presupuesto de 2026 pone una previsión: la partida «tasa por publicidad en medios de comunicación (radio)» prevé recaudar 2.000 euros. Para llegar a ello, la emisora tendría que multiplicar por más de seis lo que facturó el año pasado.

El dinero que entra tampoco sale del mercado

Ahora bien, esos 7.895 euros restantes merecen una segunda mirada, porque tampoco los paga ningún anunciante. La memoria los identifica como «aportaciones XAL»: son lo que la emisora factura a Xarxa Audiovisual Local, SL, que según su propia definición es la empresa pública de la Diputación de Barcelona. El detalle de cobros los desglosa mes a mes, en importes de 20, 50, 70, 80 o 205 euros por servicios de noticias y coproducción de programas.

Y todavía hay un movimiento de retorno. El Ayuntamiento paga 726 euros anuales de cuota de adhesión al protocolo de La Xarxa, de modo que una parte de lo que entra por esta vía le vuelve en forma de cuota.

Aquí es donde la propuesta de Ciutadans encuentra su punto de apoyo. Cuando Paniello reclama subir la publicidad, no está pidiendo que la emisora deje de depender del dinero público: está pidiendo que empiece a no depender de él, porque en 2025 el 99,9% de lo que costó la comunicación municipal lo pagaron, por una vía u otra, las administraciones.

Una partida que se ha más que duplicado en una década

La serie presupuestaria va en la misma dirección. El programa «Sociedad de la información» cerró 2015 con 151.705,33 euros ejecutados. En 2024, el último ejercicio liquidado, la cifra llegó a 323.492,46. Un crecimiento del 113% en nueve años. Y el crédito inicial de 2026, 413.500,24 euros, supera los 352.537,65 de 2025.

Para situarlo: el programa de la radio, él solo, vale más de lo que el consistorio destina este año a Vivienda —257.063,93 euros— y casi el doble de lo que prevé para bibliotecas públicas, 197.926,92.

El pleno extraordinario de presupuestos del 7 de noviembre de 2025 acabó de dibujar la tendencia. En aquella misma sesión, Junts, ERC y el Bloc aprobaron destinar 2.748 euros anuales al plan más caro de ChatGPT mientras las ayudas sociales bajaban de los 200.000 euros presupuestados en 2024 y 2025 a los 145.000 de 2026. Comunicación sube; ayudas sociales bajan un 30%.

Por otro lado, estos incrementos llegan en un presupuesto que el propio Paniello ya ha anunciado que votará en contra, y que llega después de un IBI que, según sus cálculos, ha crecido un 30,99% en tres años y de una tasa de residuos que se disparó un 61% mientras los vecinos se quejaban de ratas, cucarachas y hedor en las calles. La previsión de ingresos por IBI urbano de 2026 es de 8.130.403,26 euros; la de la tasa de basuras, de 2.601.129,40. Los vecinos pagan más. Y una parte de este dinero acaba pagando una radio.

Cincuenta y ocho vídeos, 5.230 visitas

Falta saber si el diagnóstico de Paniello sobre la audiencia se sostiene. Los datos de oyentes en FM no son públicos, pero hay otros que cualquiera puede contar: las visualizaciones de los vídeos que la propia emisora publica en su canal de YouTube.

El canal acumula 58 vídeos publicados a lo largo de cinco años. Entre todos suman 5.230 visualizaciones: una media de 90 por vídeo y una mediana de 57, que es la cifra que mejor describe el grueso del catálogo porque neutraliza los pocos casos extremos. En un municipio de más de 24.000 habitantes, el vídeo típico de la emisora llega a un 0,2% del censo.

El bloque de «Línea directa» —el espacio donde los grupos municipales y el alcalde explican su gestión— son 48 de esos vídeos y suman 4.082 visitas, con una mediana de 48. El detalle fino todavía es más elocuente. Las trece entrevistas con el alcalde se mueven entre las ocho y las 148 visualizaciones. Las nueve de Junts, entre 26 y 79. Las cinco de ERC, entre 16 y 34. El vídeo más visto de todo el canal, con 791 visitas, es precisamente una línea directa con Ciutadans. Y la última entrevista publicada con Paniello, la que ha originado toda esta conversación, acumulaba quince visitas pocas horas después de subirse.

«Tampoco tienen otro altavoz»

Lo que cuenta, sin embargo, no es solo el coste. Es quién habla a través de ese altavoz. Y aquí quien puso el dedo es el portavoz del PSC, Fernando Vicente, también en declaraciones públicas recientes. Cuando reprochó al equipo de gobierno su manera de comunicar las sanciones por la basura, lo remató con una frase que describe el ecosistema informativo local mejor que cualquier informe: los responsables municipales hablan habitualmente en Olesa Ràdio porque «tampoco tienen otro altavoz».

No es un detalle menor. La emisora que pagan los contribuyentes es, según el principal partido de la oposición, el canal ordinario de difusión del gobierno municipal. Y este gobierno lo forman Bloc Olesà, ERC, Junts y la CUP.

La directora, el expediente y la acusación que nadie ha desmentido

La cifra adquiere otra dimensión cuando se cruza con quién dirige el medio. Como ya publicó este diario, la emisora municipal de Olesa está dirigida por Raquel Montoya, que fue cabeza de lista y portavoz de la CUP en Esparreguera en 2019. La CUP es, hoy, una de las cuatro formaciones que sostienen el gobierno de Olesa. La dirección del medio público y una de las patas de la mayoría comparten, por tanto, siglas.

A eso se suma un segundo episodio. En marzo de 2025, la concejala del PP Jessica Fernández acusó públicamente a la emisora de manipular y desinformar con mala fe a raíz de un titular que resumía sus críticas presupuestarias sobre violencia de género. La concejala sostenía que cuestionaba que, de 170.000 euros de la concejalía, solo 10.000 llegaran directamente a mujeres maltratadas. La emisora alegó que le había ofrecido la posibilidad de aclarar sus palabras; Fernández presentó pruebas de que había respondido y de que no había obtenido respuesta.

Y hay un tercer elemento, este ya fuera del ámbito político. El 25 de junio de 2026, la Autoridad Catalana de Protección de Datos firmó el expediente PS-0058/2026 contra el Ayuntamiento de Olesa de Montserrat, notificado al día siguiente, por presuntas irregularidades en la web de la emisora municipal. El procedimiento sancionador apunta a la vulneración del deber de información previsto en el Reglamento General de Protección de Datos: ausencia de política de privacidad, falta de aviso legal, una política de cookies basada en el consentimiento implícito y un formulario de contacto sin información sobre el tratamiento de datos. El expediente arranca de una denuncia presentada por este medio el 3 de junio de 2025 y todavía no tiene resolución.

El modelo comarcal y la pregunta que queda abierta

Conviene precisar qué no ha dicho Paniello. El concejal no pide cerrar nada: los trabajadores, insistió en el mismo bloque de declaraciones, deben mantenerse, porque «tienen todo el derecho de ganarse la vida». El departamento lo forman ocho personas —un jefe, un responsable de comunicación institucional, un responsable de emisora, un jefe técnico, dos redactores, un controlador de sonido y un administrativo incorporado en julio dentro de un plan de empleo—, y la emisión va de las nueve de la mañana a las diez de la noche, con retransmisión en directo de los plenos.

Lo que plantea es otra cosa, y es algo que en Olesa nunca se ha discutido abiertamente en un pleno con números delante: si el dinero que el consistorio vierte cada año en su propio altavoz tiene el retorno que se le supone. Abrir la emisora a los anunciantes significaría reducir la dependencia del presupuesto municipal. Compartirla con otros municipios de la comarca significaría repartir un coste que ahora soporta un solo ayuntamiento. Ninguna de las dos ideas es nueva en el Baix Llobregat Nord, pero ninguna de las dos ha llegado nunca a la votación de un presupuesto olesano.

El concejal tampoco se ha limitado a la radio. En el mismo repaso apuntó a la escuela de música —«medio millón me parece muchísimo», dijo— y a los 22.000 euros del consorcio de normalización lingüística, y reclamó destinar estos recursos a servicios sociales, ayudas al alquiler y sanidad, en la línea de su insistencia para que las farmacias del municipio hagan guardias nocturnas, un debate que el pleno ya aprobó instar.

El pleno de presupuestos de 2027 será el próximo escenario en el que todo esto se tendrá que votar. Paniello ya ha avanzado que votará en contra y que llevará propuestas concretas. Hasta entonces, la emisora continuará emitiendo trece horas al día con un programa propio de 285.795,76 euros, una previsión de ingresos publicitarios de 2.000 y un canal de YouTube donde el vídeo típico no llega a las sesenta visitas. Quien debe decidir si eso vale la pena es, precisamente, el mismo gobierno que habla allí cada semana.