El PP destapa un vacío legal en los contenedores inteligentes de Olesa y exige aclaraciones sobre las multas
La oposición registra un requerimiento formal para fiscalizar el rastreo de datos privados y el presunto desamparo jurídico de los vecinos ante los fallos del sistema electrónico
El Partido Popular de Olesa de Montserrat ha registrado este miércoles ante el alcalde y el concejal de Medio Ambiente un escrito formal, al que ha tenido acceso este medio, en el que exigen explicaciones al equipo de gobierno del tripartito (CUP, ERC y Junts) sobre las sanciones impuestas a vecinos por dejar bolsas de basura en la calle —ya documentadas por este medio— y denuncia que el consistorio no ofrece ninguna alternativa a quienes no pueden o no quieren acceder al sistema de tarjeta inteligente.
La pregunta central del documento es qué alternativa ofrece el consistorio a quienes, en ejercicio de sus derechos, se niegan a firmar la política de privacidad exigida para obtener la tarjeta inteligente o usar la aplicación móvil. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha respondido a esta cuestión.
La tarjeta o la multa
El nuevo sistema de recogida de residuos implantado en Olesa funciona mediante contenedores cerrados que solo se abren con tarjeta inteligente o aplicación móvil. Para obtenerlos, el vecino debe facilitar nombre, apellidos, dirección y datos del padrón municipal, y aceptar que tanto el Ayuntamiento como la empresa privada adjudicataria del servicio registren el día, la hora y el minuto exacto en que deposita sus residuos, así lo explica Jéssica Fernández, concejal del Partido Popular en Olesa.
Lo que el concejal de residuos no ha explicado públicamente es qué ocurre con quien no quiere firmar esa cesión de datos. La respuesta, según se desprende del escrito registrado por el PP, es que no ocurre nada que le favorezca: ese vecino se queda sin acceso a un servicio público por el que ya abona una tasa anual de basuras.
No es una situación hipotética. Desde que Teleolesa informó de las primeras sanciones impuestas por el consistorio —multas de hasta 300 euros a ciudadanos por dejar bolsas fuera de los contenedores, una noticia que desencadenó una avalancha de críticas en redes sociales— la pregunta sobre qué hacen quienes no tienen tarjeta quedó sin respuesta oficial.
Los datos que el Ayuntamiento no ha acreditado
El escrito del PP —cuya copia obra en poder de este medio— sitúa al Ayuntamiento ante sus obligaciones en materia de protección de datos. La concejala popular señala que la vinculación de la identidad del vecino con la trazabilidad horaria de un servicio público obligatorio obliga al consistorio a cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, UE 2016/679) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). El artículo 5.1.c del RGPD consagra el principio de minimización: solo deben recogerse los datos estrictamente necesarios para el fin perseguido.
El PP pregunta al equipo de gobierno cuál es la base jurídica exacta que ampara la monitorización individualizada y horaria del uso de un servicio básico obligatorio, y si esa base jurídica es compatible con el principio de minimización. También pregunta durante cuánto tiempo se almacenan en los servidores municipales los registros de cada apertura de contenedor asociada a un domicilio particular, y si existe algún proceso automatizado de borrado.
El escrito reclama, entre otros documentos, la Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) que el artículo 35 del RGPD obliga a realizar antes de implantar sistemas de este tipo, el informe del Delegado de Protección de Datos municipal que avale la legalidad del sistema, y el contrato suscrito con la empresa adjudicataria que delimite exactamente a qué datos de padrón accede esa empresa privada y durante cuánto tiempo se conservan los registros horarios de cada apertura.
Sanciones con una prueba que tampoco se ha explicado
La cuestión no se detiene en la privacidad. El PP pregunta también por cuántos expedientes sancionadores se han abierto desde el inicio de la Fase 1 del sistema, y por qué medios prueba el Ayuntamiento la autoría de las infracciones. En su escrito, Fernández Dalmases pregunta expresamente si se están utilizando los registros de los chips electrónicos de tarjetas cercanas, cámaras de videovigilancia o indicios documentales hallados en el interior de las bolsas.
La formación popular va más lejos: pregunta al consistorio cómo puede garantizar que un vecino sancionado por dejar la basura fuera no lo hizo a causa de un fallo técnico o de bloqueo del propio contenedor inteligente, lo que a su juicio vulneraría el principio de presunción de inocencia. Este medio ya informó de los problemas registrados con el servicio de recogida de voluminosos, que dejó a vecinos con muebles en la calle tras no cumplir las citas programadas.
«Sancionar a un ciudadano al que previamente le has prohibido usar el servicio no es civismo, es afán recaudatorio e indefensión jurídica», concluye Fernández Dalmases en el documento.
Lo que pide el PP y lo que no ha respondido el gobierno municipal
La solicitud registrada este miércoles reclama cuatro documentos concretos —la EIPD, el Registro de Actividades de Tratamiento actualizado, el informe del Delegado de Protección de Datos y el contrato de encargo de tratamiento con la empresa privada— y siete preguntas escritas al equipo de gobierno. El plazo legal para responder comienza a correr desde hoy.
