El alcalde de Olesa firma las cuentas de la fundación investigada por corrupción: el Ayuntamiento le adjudicó 700.000 euros meses después del registro de los Mossos

Más de 400.000 euros de pérdidas, subvenciones retiradas porque los requisitos «no se cumplían», una deuda bancaria que se ha más que duplicado en un año y una revisión legal de su propia contratación. Este es el retrato de la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL) que se desprende de las cuentas que el alcalde de Olesa, Marc Serradó, firmó digitalmente la semana pasada. Cinco días después, el exalcalde de Esparreguera Eduard Rivas dimitió como jefe de gabinete de Salvador Illa, a raíz de la investigación por presunta malversación que tiene a esta misma fundación en el centro. Pero lo que las cuentas callan es tan revelador como lo que dicen.

En las cincuenta páginas del documento no hay ni una sola palabra sobre la investigación judicial. Las cuentas se firmaron nueve meses después de que los Mossos registraran el Ayuntamiento de Esparreguera y veinte meses después de las primeras detenciones, y aun así las únicas contingencias legales que se mencionan son litigios laborales. En cambio, el patronato, del que Serradó forma parte, sí admite que ha encargado «una revisión legal independiente de determinados aspectos de la gestión, gobernanza, contratación y procesos internos de la Fundación». Una vez terminada, valorará «la adopción de las medidas organizativas, correctoras, contractuales o legales que resulten oportunas».

El mismo lunes en que Rivas dejaba su cargo, el auditor de la fundación, Auren, firmaba su informe sobre estas cuentas, y en él dejó una advertencia que pocas veces aparece en una auditoría. Según su informe, las cifras de la FIL «evidencian la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento». Dicho de otro modo, no está claro que la fundación pueda sobrevivir.

Olesa es el municipio que más se juega. Teleolesa ha tenido acceso a estas cuentas, al informe de auditoría, al contrato programa de 2017 y a los registros públicos de la Generalitat. Los documentos demuestran que Olesa tiene el 34,91% de los votos del patronato, más que ninguno de los otros cuatro ayuntamientos, y que desde 2021 el Ayuntamiento ha adjudicado a la FIL más de 2,8 millones de euros en contratos. Ninguno de estos documentos sitúa al Ayuntamiento de Olesa dentro de la causa judicial, y no consta que los Mossos le hayan pedido ningún papel. Pero todo ello convierte la crisis de la FIL en un problema que afecta directamente al municipio.

Una fundación que se revisa a sí misma

La revisión legal no es la única señal de que algo se ha movido dentro. Según las cuentas, durante 2025 la fundación estuvo «inmersa en un proceso de reorganización de su estructura de dirección ejecutiva». Mientras tanto, el patronato tuvo que adoptar acuerdos «para garantizar la continuidad de la gestión ordinaria», y después del cierre del ejercicio impulsó «la incorporación de una nueva dirección general». El documento también reconoce que los cambios en la gobernanza y la dirección de los últimos años «han requerido reforzar los mecanismos de gestión, planificación y control».

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Por otra parte, el 16 de octubre de 2026 el patronato aprobó un plan de viabilidad y continuidad para 2026 y 2027. Entre otras medidas, prevé recortar costes de estructura, controlar más la tesorería y, sobre todo, revisar «la rentabilidad de los contratos». Los contratos son precisamente los que la fundación tiene con ayuntamientos como el de Olesa.

Las cuentas no especifican quién hace la revisión legal, cuándo se encargó ni si incluye los contratos con los ayuntamientos del patronato. Tampoco explican por qué la han encargado ahora.

Unos números en rojo

Las cifras explican la advertencia del auditor. La FIL perdió 426.042 euros en 2025, después de haber perdido 395.301 en 2024. Según las cuentas, estas pérdidas han provocado «tensiones de tesorería», que la fundación atribuye sobre todo al desajuste entre los pagos que debe hacer y los cobros pendientes, «especialmente los procedentes de administraciones públicas». Al cierre del ejercicio, las administraciones le debían más de dos millones de euros en subvenciones.

Además, la deuda con los bancos se ha disparado. Las deudas con entidades de crédito a largo plazo han pasado de 1,37 millones a 3,15 millones en un solo año, y durante 2025 la fundación recibió más de 1,9 millones en nuevos préstamos. El plan de viabilidad incluye la «gestión anticipada de la financiación y del vencimiento» de un crédito del Institut Català de Finances.

El auditor tampoco ha podido comprobarlo todo. No pudo verificar unas existencias valoradas en 810.000 euros, y por ello emite una opinión con excepciones.

Subvenciones retiradas: «no se cumplían»

Hay otro agujero que las cuentas de 2024 no mostraban. En junio de 2025, el patronato aprobó ese ejercicio con una pérdida de 50.645 euros. Ahora, sin embargo, la fundación ha tenido que corregirlo, porque había contabilizado como ingreso 344.656 euros en subvenciones que después le retiraron. La pérdida real de aquel año, por tanto, fue de 395.301 euros, casi ocho veces más de lo que se había aprobado.

El motivo de la retirada consta en las propias cuentas. Las entidades que habían concedido las ayudas, principalmente para el salario mínimo y para los equipos de apoyo de los trabajadores con discapacidad, las revocaron por «una incorrecta estimación del contenido de las bases reguladoras». En las bases figuraban unos requisitos y condiciones «que en estos casos no se cumplían».

Por otra parte, el documento recoge un saldo pendiente de 69.867 euros con una sociedad vinculada a «un familiar cercano de una persona que había formado parte del personal clave de dirección de la Fundación». Además, informa de que en 2024 la FIL pagó 90.915 euros por servicios a «una empresa vinculada a un miembro de la dirección». Las cuentas no dan nombres.

Tres firmas y un nuevo poder para los alcaldes

La página de firmas dice que las cuentas se formularon en Esparreguera el 27 de octubre. En el documento al que ha tenido acceso este medio solo constan tres firmas digitales: la de Marc Serradó y la del alcalde de Esparreguera, Juan Jurado, el 28 de octubre, y la de la presidenta, la alcaldesa de Collbató, Gemma Rodríguez, el 30. Las del alcalde de Abrera, Jesús Naharro, y de la alcaldesa de Sant Esteve Sesrovires, Roser Brosed, no aparecen.

Además, las cuentas detallan el nuevo poder que tienen los alcaldes. El 15 de mayo de 2026, el patronato delegó «determinadas funciones de Presidencia» en los patronos que representan a los municipios, en materia de «representación legal, organización, coordinación y ejecución de los servicios y actividades de la Fundación». Según el documento, lo hizo de acuerdo con el criterio del Protectorado de Fundaciones de la Generalitat. Dicho de otra manera, los alcaldes que contratan la FIL desde sus ayuntamientos también dirigen sus servicios.

Aquella delegación se aprobó cinco semanas antes de que el Ayuntamiento de Olesa volviera a adjudicar a la fundación uno de sus servicios más grandes.

Setecientos mil euros en plena tormenta

El 23 de junio de 2026, el Ayuntamiento adjudicó a la FIL el punto limpio municipal por 701.194,82 euros hasta julio de 2028, una cifra que llega a 1,46 millones si se suman las prórrogas. La fundación ya gestionaba este servicio desde 2021, y el pasado febrero el pleno había ampliado el contrato en 40.000 euros. El concejal de Ciudadanos, Paniello, que votó en contra, advirtió: «Siempre estamos al límite y esto demuestra una falta de previsión». Al nuevo concurso se presentaron dos empresas.

El calendario, sin embargo, explica por qué la adjudicación llama la atención. Cuando el Ayuntamiento tomó esta decisión, ya hacía dieciséis meses que los Mossos habían detenido a tres personas por presuntamente desviar fondos de la fundación, y cinco que habían entrado en el Ayuntamiento de Esparreguera. Teleolesa no ha podido saber qué órgano municipal adjudicó el punto limpio ni si el alcalde, que es patrono de la fundación, se apartó de la decisión.

Olesa, el socio que más se juega

Olesa no es un patrono cualquiera. Durante años, los cinco ayuntamientos taparon el déficit de la fundación con dinero público, y Olesa fue el que más aportó: 325.769 euros entre 2011 y 2016, según el contrato programa. En 2017, ese mismo documento comprometió al Ayuntamiento a pagar 261.788 euros más hasta 2020, y lo firmaron la entonces alcaldesa de Olesa, Pilar Puimedon, y, como presidente del patronato, «el Sr. Eduard Rivas Mateo».

Hoy el dinero llega por otra vía. Desde 2021, además del punto limpio, el Ayuntamiento ha adjudicado a la FIL la poda del arbolado, el mantenimiento del parque municipal, el desbroce y la recogida de voluminosos, además de una serie de contratos menores, como ya reveló Teleolesa en el caso de los contratos menores de 2022. En dos de estos concursos, el del parque de 2025 y el de los voluminosos, la FIL fue la única empresa que se presentó, y algunos de estos contratos no terminan hasta 2033. Detrás de todo ello hay personas: a finales de 2025, la fundación daba trabajo a 344 trabajadores con discapacidad, 26 de los cuales son vecinos de Olesa.

Con Rivas fuera del Govern, el alcalde de Olesa continúa sentado en un patronato con más votos que nadie, firma las cuentas de una fundación que el propio patronato ha decidido someter a una revisión legal, y su Ayuntamiento sigue pagando sus servicios. Quedan tres preguntas por responder. La primera es si esa revisión de la contratación incluye los contratos de Olesa. La segunda es por qué las cuentas que firmó no dicen nada de la investigación judicial. Y la tercera, qué pasará con los servicios del municipio si el auditor tiene razón y la FIL no puede continuar.