"Por favor, abandone la sala": el alcalde se ve obligado a expulsar a un vecino por ignorar las continuas advertencias y paralizar el pleno

El ciudadano Martí Obiols aprovechó su turno de participación ciudadana para exigir al alcalde, Marc Serradó, explicaciones sobre su no pertenencia a la formación política CUP. Lejos de conformarse con el silencio del edil, el vecino se negó a acatar los tiempos marcados e impidió avanzar con el resto de pregos.

"Si le vuelvo a avisar", advierte Serradó ante las interrupciones constantes, "le tendré que silenciar".

Para entender mejor todo esto, es vital separar el fondo de la forma. Cualquier vecino tiene el legítimo derecho a ejercer la libertad de expresión y formular las preguntas políticas que considere oportunas en un espacio democrático. El verdadero conflicto estalló cuando la insistencia por obtener una respuesta bloqueó por completo la normalidad de la sesión.

"Le pido, por favor", prosigue el alcalde visiblemente tenso, "que haga tres ruegos o preguntas". Ante la reiterada negativa a ceder el uso de la palabra, la máxima autoridad municipal ordenó su expulsión inmediata del recinto.

El riesgo de silenciar a la ciudadanía

Sin embargo, la inédita decisión ha levantado suspicacias. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿se puede utilizar el reglamento para acallar interrogantes incómodos bajo la premisa del orden?

Samuel Rodríguez, concejal de Olesa Oberta y única voz crítica con la medida, denunció un trato desigual frente a situaciones previas mucho más graves. "Hay otras personas", detalla Rodríguez, "que han proferido incluso insultos personales a algunos concejales y no se aplica esta medida".

Merece la pena recordar que la facción socialista (PSC), respaldada por Junts, ERC y Ciudadanos, justificó plenamente la expulsión para evitar que los espacios ciudadanos se conviertan en herramientas de campaña electoral. "Si todos los partidos políticos empiezan a enviar personas a hacer preguntas", señala Fernando Vicente, portavoz del PSC, "esto se acaba desvirtuando".

Un reglamento urgente para recuperar la normalidad

Con todo esto en mente, la administración asume ahora el desafío de garantizar el orden sin asentar un peligroso precedente de censura. Limitar el derecho a preguntar sobre filiaciones de partido o la gestión de festividades religiosas —como el Ramadán, también mencionado por Obiols— supondría un golpe directo a la participación vecinal libre.

"Lamento haber tenido que tomar esta decisión", puntualiza el propio Serradó a modo de cierre, "pero hay una responsabilidad de la alcaldía a la hora de mantener una normalidad". El debate se trasladará inminentemente a la próxima Junta de Portavoces para buscar un consenso definitivo sobre el reglamento interno.