La Generalitat constata la "falta de colaboración" del Ayuntamiento de Olesa y le obliga a entregar la documentación de un premio investigado por Teleolesa

El Ayuntamiento de Olesa ha recibido un revés administrativo en materia de transparencia. Y es que la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), organismo oficial de la Generalitat de Catalunya, ha emitido una resolución en la que señala directamente a la administración local por haber infringido la ley al no facilitar el acceso completo a un expediente público. Según se desprende del documento oficial, el consistorio ha sido requerido para entregar, en un plazo improrrogable de quinze dies, los comprobantes que acrediten el pago del "Premi de Recerca Vila d'Olesa" del año 2014, una información que, hasta el momento, no había sido entregada a un periodista por el consistorio.

Obstrucción a la fiscalización pública

La resolución 80/2026 no solo resuelve la disputa sobre los documentos, sino que va un paso más allá en su análisis de la actuación municipal. A juicio del organismo, se ha producido una clara "falta de colaboración" por parte de l'Ajuntament, ya que sus responsables no remitieron el expediente administrativo a la GAIP cuando se les requirió para estudiar la reclamación.

Esta actitud, que contraviene el artículo 41 del Reglament de la llei de transparència, ha impedido hasta ahora aclarar si el ganador de aquella edición cobró realmente la dotación económica y si cumplió las bases del concurso. La Comissió recuerda que cuando se trata de fondos públicos, el interés de la ciudadanía por saber a dónde van sus impuestos prima sobre cualquier excusa de procedimiento.

Una entrega de datos incompleta

El conflicto tiene su origen en julio del 2025, cuando el equipo de Teleolesa solicitó acceso al expediente. La respuesta de l'Ajuntament llegó tarde y mal. Si bien en enero de 2026 facilitaron parte de la información, omitieron precisamente el documento más importante: el comprobante de pago al ganador principal.

Según relata el antecedente del caso, la administración entregó los recibos de otros premiados pero, curiosamente, no el del primer premio. Además, no aclararon si el importe llegó a transferirse, dejando una incógnita sobre la gestión de esta partida presupuestaria que ahora están obligados a resolver por vía legal.

Ultimátum de 15 días para cumplir la ley

La decisión de la GAIP es vinculante y no deja margen a la interpretación. El Ayuntamiento debe buscar en sus archivos la acreditación del pago y entregarla inmediatamente. En caso de que la documentación no exista —un escenario que plantearía dudas serias sobre la gestión del premio—, deberán certificarlo por escrito.

Por otro lado, la advertencia final es clara: si el Ayuntamiento de Olesa persiste en el incumplimiento una vez transcurridos los quince días hábiles, la GAIP hará pública esta infracción en su portal web oficial, señalando a la administración como incumplidora de la Llei de Transparència. Y es que, tal como recuerda la resolución, el acceso a la información pública es un derecho fundamental que la administración no puede ignorar, por muy antigua que sea la documentación reclamada.