Indignación en el Ayuntamiento: una vecina planta cara a Serradó y Parent por sus risas durante los ruegos de los vecinos de Olesa
«Me gustaría que ese comentario que han hecho me lo hicieran a mí también para que yo también pudiera reírme». Con esta rotundidad, una vecina cortó en seco los murmullos del equipo de gobierno
Acorralados por la contundente exposición de los afectados, los máximos dirigentes del Ayuntamiento de Olesa de Montserrat se toparon con la cruda realidad de la fiscalización pública. La última sesión plenaria, lejos de consolidar la estrategia del equipo de gobierno, se transformó en un auténtico escrutinio a la gestión local.
«Me gustaría que este comentario que se han hecho me lo hicieran a mí también para que yo también pudiera reírme». Con esta rotundidad, Esther, una de las vecinas intervinientes, cortó de raíz los murmullos en la mesa presidencial.
La ciudadana acababa de cuestionar el incremento del impuesto de recogida de residuos y la negativa a explorar una sociedad mercantil de capital público. Fue justo en ese instante de interpelación directa cuando la actitud del alcalde, Marc Serradó, y del concejal Jordi Parent encendió definitivamente los ánimos de la sala.
Sin dar tregua, la misma vecina abrió un segundo frente en su batería de reproches: la impunidad en las calles. Señaló directamente el déficit de efectivos de la policía local y la permisividad de los agentes ante las infracciones diarias de algunos conductores y peatones. Lejos de entrar al cuerpo a cuerpo sobre su actitud en la carretera, Parent intentó sofocar este segundo incendio negando una inactividad policial deliberada ante el incivismo. El concejal solicitó a la ciudadana que, en lugar de hablar de manera genérica, le facilitara días y horas exactas de las infracciones para hablar con el jefe de policía, aunque admitió que las bajas de efectivos impiden hacer el trabajo como querrían.
El calvario de la accesibilidad y la inactividad policial
Visiblemente incómodos ante la avalancha de reproches, los responsables municipales tuvieron que encajar deficiencias que impactan directamente en los más vulnerables. La señora Codina, con un 68% de discapacidad, relató su odisea diaria para encontrar aparcamiento.
«Pasa un urbano, y detrás de mí había un camión aparcado en el sitio de los discapacitados», clamó la vecina, señalando directamente la inacción de los agentes ante las infracciones evidentes.
Jordi Parent, exalcalde de Olesa y actual concejal del Ayuntamiento, perdió la compostura cuando la misma vecina le espetó que él no venía de "gente pobre" y podía pagarse un médico particular. La salida hacia adelante del exalcalde fue exigir que se ahorrara ese tipo de comentarios, una defensa que el alcalde Marc Serradó secundó con acusada tensión.
No obstante, el eco del vía crucis vecinal persistió. Marina centró su turno en el deficiente estado de las obras en la plaza de la estación y el abandono de las calles, con contenedores quemados que hace años que no se reponen. «Son los ojos de quien nos gobierna», advirtió, exigiendo un mantenimiento de la vía pública alejado de las macroobras.
La sanidad pública y los servicios sociales en la trinchera
Desvinculada de la mera fontanería municipal, la crisis de la atención primaria actuó como palanca para nuevas acometidas. El representante ciudadano Obiols cargó con dureza contra el desprecio de la consejera de Salud, Olga Pané, por cancelar de forma opaca su visita a Olesa.
El ataque cuestionó abiertamente la incapacidad de la vieja guardia y de los actuales gobernantes para vertebrar una acción de presión efectiva. Por otro lado, los servicios asistenciales también recibieron un duro correctivo por parte de los presentes.
«Si tú crees que los servicios sociales van bien y dan un vale a una persona que tiene ingresos de 75 euros al mes, si esa persona puede vivir, que me lo expliquen», sentenció otra vecina, desmontando el discurso oficialista sostenido por el concejal de bienestar social, Joan Martínez.
A pesar de los intentos de Serradó de apaciguar el choque institucional responsabilizando a la Generalitat y exigiendo un frente común por el CUAP del Baix Llobregat Nord, el divorcio con los asistentes ya era una realidad palpable. La cúpula municipal, obligada a batallar contra el escepticismo generalizado, afronta una legislatura donde las promesas en los despachos colisionan con el agotamiento de la calle.
