El 'modus operandi' del Ayuntamiento de Olesa: una fórmula matemática para "puentear" la ley y adjudicar millones de euros a Somic

El goteo de millones de euros hacia Construcciones Somic esconde una ingeniería administrativa mucho más compleja que el simple fraccionamiento de facturas. Como ya recogimos en Teleolesa en destapar la adjudicación de la Biblioteca municipal, la relación entre el consistorio y la mercantil roza continuamente los límites de la normativa. Ahora, los documentos internos revelan el uso sistemático de un truco en los despachos que aseguran que la empresa se lleve las licitaciones más jugosas.

"Cuando se adjudicó el contrato de la biblioteca", advierte el concejal de Olesa Oberta, Samuel Rodríguez, "Somic presentó una baja temeraria que se resolvió con un expediente justificativo más que dudoso". Esta rebaja extrema del precio fue aceptada por la administración sin objeciones sólidas, allanando el camino para el monopolio de la constructora.

Para entender mejor todo esto, hay que sumergirse en los pliegos técnicos de las contrataciones municipales.

La trampa de la "proporcional inversa"

El secreto de estas adjudicaciones se encuentra en la aritmética. El Ayuntamiento aplica recurrentemente una fórmula matemática llamada "proporcional inversa". Dicho así parece que se trata de un trámite burocrático inofensivo, pero podría no serlo. Este sistema de puntuación sobreestima drásticamente las ofertas económicas más baratas. En la práctica, asegura matemáticamente que la empresa que rebaja los precios se lleve el contrato, ignorando cualquier otro factor de peso.

Este atajo permite a la institución esquivar el espíritu de la regulación actual. La ley del año 2017 no parte únicamente de la obtención de la oferta más barata, sino que atiende la necesidad de obtener la mejor relación calidad-precio de acuerdo con criterios económicos y cualitativos. "La utilizan bastante", detalla Rodríguez sobre la fórmula, "y está desaconsejada por la Generalitat precisamente porque elude la disposición que obliga a contener una pluralidad de conceptos a la hora de adjudicar", continúa exponiendo.

Un método rechazado por los tribunales

Surge entonces la pregunta inevitable: avala la justicia este procedimiento para repartir el dinero público? El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ya sentenció que el uso de este tipo de fórmulas resulta inadmisible. El organismo dictaminó que fijar límites de rebajas extremas a través de estos cálculos reduce hasta la insignificancia la relevancia real del criterio precio, chocando frontalmente con los principios generales de la contratación.

Con todo esto en mente, el grupo municipal Olesa Oberta en Comú Podem-Confluència ya intentó frenar esta dinámica. La formación impulsó un texto para implantar una contratación estratégica con más visión de servicio a la ciudadanía y un impacto directo en términos de sostenibilidad y redistribución.

El documento proponía incorporar a las licitaciones una fórmula lineal con factor de modulación para asegurar la proporcionalidad de las ofertas. Además, el texto exigía que la puntuación económica nunca superase el 60% del total para no minimizar la inclusión de cláusulas sociales. "En su día presenté una moción, aunque finalmente no llegó al Pleno", prosigue el concejal.

La formación no descarta volver a presentar la propuesta para forzar una fiscalización real. Mientras tanto, la maquinaria de licitaciones del Ayuntamiento sigue operando bajo la misma inercia aritmética, consolidando un modelo de facturación donde el precio muy rebajado dicta sentencia casi exclusiva sobre las obras públicas del municipio.