El Ayuntamiento de Olesa prepara las normas de la nueva biblioteca, pero avisa: escuchará la opinión de los olesanos aunque "no tiene por qué hacerles caso"
Tras invertir más de 4 millones de euros en la reforma, el consistorio abrirá un plazo de 15 días para presentar sugerencias que el gobierno local no estará obligado a aplicar
El equipo de gobierno de Olesa de Montserrat, liderado por el alcalde Marc Serradó, ha activado la maquinaria administrativa para dar luz verde al reglamento que regirá la biblioteca Santa Oliva. Según la documentación oficial a la que ha tenido acceso este medio, el consistorio ha iniciado el trámite de consulta pública previa para que ciudadanos y entidades locales digan la suya sobre el funcionamiento del centro. Sin embargo, la letra pequeña del anuncio es clara: el Ayuntamiento escuchará las propuestas, pero estas "no tienen carácter vinculante".
Lo cierto es que esta maniobra llega en un momento de máxima atención sobre el equipamiento. La reforma y ampliación de la biblioteca, que como ya recogió Teleolesa ha supuesto una inversión superior a los 4 millones de euros, encara su recta final con la intención de ampliar horarios y servicios. Ahora, el ejecutivo local busca "obtener una regulación" que ordene el acceso y fije los deberes de los usuarios antes de la inauguración, un paso que consideran "básico" para evitar el caos operativo en una instalación de tal magnitud.
El tablero de la participación ciudadana
Sea como fuere, el Ayuntamiento se prepara para abrir un proceso administrativo de 15 días naturales (lo mínimo que exige la ley) para que los olesanos presenten sus sugerencias a través de una instancia genérica. La administración local, que se ampara en la Ley de Procedimiento Administrativo Común para este trámite, pretende solucionar problemas de convivencia y definir de forma "proporcional y transparente" cómo se debe usar el espacio.
Lo cierto es que la apertura de esta consulta responde a una obligación estrictamente legal, aunque el hecho de que el gobierno se reserve el derecho a no aplicar las ideas recibidas añade un matiz de escepticismo al proceso. El documento oficial destaca que todas las aportaciones ciudadanas servirán para "enriquecer y mejorar" el proyecto normativo, pero la última palabra recaerá siempre en la cúpula municipal, ya que el propio texto recalca que no tienen carácter vinculante.
Un cónclave técnico para el texto final
En paralelo a la opinión vecinal, el consistorio ha previsto la creación de una Comisión de Estudio integrada por miembros de la corporación y personal técnico. Este cónclave será el encargado de redactar el borrador definitivo que determinará desde el fomento de la lectura hasta el control de los nuevos espacios reformados.
De ahí que la inauguración no solo dependa del fin de las obras, sino de este encaje jurídico que debe asegurar la "seguridad jurídica y eficiencia" del servicio. El tablero político local queda ahora a la espera de ver cuántos vecinos se animan a participar en un proceso donde su voz será escuchada, pero no necesariamente obedecida.
