El Ayuntamiento de Olesa, obligado por ley a dejar de multar los errores de matrícula en la zona azul

El Ayuntamiento de Olesa de Montserrat se verá obligado a cambiar sus protocolos sancionadores en la zona azul. El pleno municipal del pasado jueves, 27 de noviembre, aprobó una moción presentada por Olesa Oberta - En Comú Podem, el concejal no adscrito Jordi Martínez y Ciudadanos, que exige detener las multas a los usuarios que se equivocan al introducir la matrícula en el parquímetro a pesar de haber pagado el ticket.

La propuesta salió adelante con los votos de los grupos proponentes y del Partido Popular, frente a la abstención en bloque del equipo de gobierno (Bloc Olesà, ERC y Junts) y del PSC. El debate puso de manifiesto el choque entre dos modelos de gestión: la rigidez administrativa defendida hasta ahora por el gobierno local y la flexibilidad que reclamaba la oposición, ahora avalada por la nueva Ley 9/2025 de procedimiento administrativo.

Denuncia de una «inflexibilidad» histórica

Durante la sesión, los grupos impulsores de la moción arremetieron duramente contra la gestión del equipo de gobierno encabezado por el alcalde Marc Serradó, a quien acusaron de haber mantenido una postura inamovible respecto a las sanciones. El concejal de Olesa Oberta, Samuel Rodríguez, lamentó que Olesa haya vivido hasta ahora en una «isla de sanciones» mientras otras administraciones y la jurisprudencia ya aplicaban criterios más benévolos.

Rodríguez reprochó al gobierno municipal su «actitud punitivista», señalando que hasta que la ley no les obligó, estaban «en contra de que la gente pudiera equivocarse y a favor de que la gente pague». Según expuso, el ejecutivo local llegó a bloquear el debate de esta moción en el pleno de octubre escudándose en un informe de secretaría, una maniobra que la oposición interpretó como una falta de voluntad política para resolver el problema antes de que fuera imperativo legal.

El concejal no adscrito, Jordi Martínez, reforzó esta crítica recordando que, durante su etapa en el gobierno, intentó sin éxito que se aceptaran las alegaciones por errores de tecleo, topándose con la negativa de la instrucción y la falta de apoyo político para cambiar el criterio. Martínez calificó de «insólito» que se castigara al ciudadano por un error humano no fraudulento y lamentó que el Ayuntamiento no hubiera aplicado antes el «sentido común».

La polémica de los adhesivos disuasorios

Uno de los puntos más tensos fue la denuncia sobre los adhesivos colocados en los parquímetros, que advertían explícitamente que «los errores en la matrícula serán objeto de sanción». Rodríguez calificó este mensaje de «falsedad» y de intromisión, acusando al gobierno de utilizar esos avisos para disuadir a los vecinos de presentar recursos y «quitar a la gente su capacidad de defensa».

Cartel situado en los parquímetros de la Zona Azul

El alcalde, Marc Serradó, admitió la existencia de esos avisos pero dio una justificación técnica. Según Serradó, los carteles se pusieron «para evitar que la ciudadanía se encontrara con un recargo», ya que el criterio estricto de la instrucción —que el gobierno no modificó— implicaba que cualquier alegación sería desestimada, encareciendo finalmente la multa para el usuario.

El gobierno se escuda en la nueva ley

En su turno, Serradó intentó desmontar los argumentos de la oposición calificando la moción de «innecesaria» e «incompleta». El alcalde argumentó que la reciente aprobación de la ley catalana del "derecho al error" ya cambia automáticamente el paradigma y da cobertura legal a los instructores para dejar de multar, cosa que, según él, no era posible anteriormente sin prevaricar o ir en contra de los técnicos.

A pesar de la abstención del gobierno, la aprobación de la moción supone un mandato claro del pleno para que se retiren los adhesivos polémicos y se garantice que, de ahora en adelante, los errores involuntarios en la zona azul se resuelvan sin sanción económica, cerrando así una etapa marcada por la rigidez recaudatoria denunciada por la oposición.