El Ayuntamiento de Olesa incumple la ley de protección de datos en la nueva web del servicio de residuos

Un cambio significativo se acerca a la gestión de los residuos en Olesa de Montserrat, y es que el Ayuntamiento ha iniciado la campaña informativa para el nuevo sistema de contenedores cerrados que se implantará este año. Para ello, el consistorio ha habilitado una nueva página web específica donde se explica el funcionamiento del servicio, los horarios y las tasas. No obstante, el lanzamiento digital llega acompañado de una irregularidad legal importante: el portal incumple la normativa vigente de protección de datos al no disponer del banner de cookies obligatorio ni de una política de cookies accesible.

Una web sin el consentimiento obligatorio del usuario

Al acceder al nuevo portal, que luce el logotipo del Ayuntamiento y que está siendo promocionado a través de los canales oficiales y de los dípticos informativos, el usuario se encuentra con una navegación directa. No aparece ningún aviso emergente ni faldón que informe sobre el uso de cookies, un hecho que contraviene directamente el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Según establece la normativa vigente, la obligación de informar y solicitar el consentimiento se activa de inmediato cuando un sitio web utiliza tecnologías de seguimiento o de interacción. En este caso, la nueva página del Ayuntamiento —desarrollada con WordPress— no solo permite a los usuarios dejar comentarios, sino que carga servicios externos como Gravatar, los cuales instalan cookies en el dispositivo del visitante. Y es que, ante esta situación, la ley es taxativa: es absolutamente necesario que aparezca un banner de cookies bloqueando la navegación hasta que el usuario lo acepte explícitamente. Además, el portal debería disponer de una página específica de política de cookies donde se detalle la finalidad de estos datos, un requisito que, hasta el momento, brilla por su ausencia.

El riesgo de sanciones por parte de l'APDCAT

La ausencia de estos mecanismos de control no es una cuestión menor. La Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) vela por el cumplimiento estricto de estas normativas por parte de las administraciones públicas. Las sanciones por este tipo de incumplimientos pueden ser cuantiosas, ya que la administración tiene el deber de ser ejemplar en el tratamiento de la información de los ciudadanos.

Hasta el momento, el portal permite la navegación completa sin ningún tipo de advertencia legal, hecho que deja al Ayuntamiento en una posición delicada ante posibles denuncias o inspecciones de oficio. La legislación es clara: la transparencia digital no es opcional, sino un requisito indispensable para cualquier ente público.

No es la primera vez que ocurre

Este descuido digital no es un caso aislado en la administración local. Además, conviene recordar que el Ayuntamiento de Olesa ya se encuentra bajo la lupa de la autoridad competente por otras cuestiones relacionadas con la privacidad. Tal como recogimos en Teleolesa, la APDCAT ya ha iniciado una investigación contra el Ayuntamiento por presuntas irregularidades en materia de protección de datos. Este nuevo episodio con la web de residuos se suma a un historial que podría complicar la situación legal del consistorio en este ámbito.

Un contexto de cambios profundos en la recogida

El lanzamiento de esta web se enmarca en el despliegue del nuevo modelo de recogida de residuos, cuyos detalles han levantado polvareda entre la ciudadanía. Dicho sistema, que entrará en vigor de manera gradual entre febrero y mayo de 2026, introducirá contenedores cerrados que solo se podrán abrir mediante una tarjeta identificativa o una aplicación móvil.

El objetivo, según el Ayuntamiento, es cumplir con la directiva europea de alcanzar el 60% de recogida selectiva en el año 2030 y mitigar los costes económicos, ya que el precio de la tonelada de rechazo ha pasado de 20 € a 124 € en la última década. Además, se impondrá un límite de apertura semanal para la fracción resto (el contenedor gris), penalizando económicamente a quienes no separen correctamente. A pesar de la intención de mejorar la sostenibilidad, la ejecución técnica de la campaña informativa parece haber olvidado, por el momento, los derechos digitales de los vecinos.