Olesa Oberta presentó un plan para reducir el IBI de los olesanos que quedó en el cajón del gobierno municipal

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) representa una de las principales arterias financieras del Ayuntamiento de Olesa de Montserrat, una realidad presupuestaria que genera un debate recurrente entre las formaciones políticas cada vez que se deben aprobar las cuentas. En este contexto, el grupo municipal Olesa Oberta - En Comú Podem (OO-ECP) presentó el año pasado un documento de trabajo para explorar una vía de financiación alternativa: una nueva tasa municipal diseñada para las empresas de reparto a domicilio.

La propuesta, fechada en noviembre de 2024, busca gravar el aprovechamiento especial que estas compañías hacen del dominio público, así como el uso intensivo que de ello se deriva. Es una idea que ya se intentó aplicar en Barcelona, pero que acabó en los tribunales. La formación olesana, sin embargo, presenta una adaptación que, según su estudio, resolvería los aspectos más polémicos que llevaron al fracaso la iniciativa barcelonesa.

El origen de la propuesta y la sentencia del TSJC

La iniciativa de Olesa Oberta toma como punto de partida la Ordenanza Fiscal 3.20 del Ayuntamiento de Barcelona, la conocida popularmente como "tasa Amazon". Esta tasa, aprobada en 2023, pretendía cobrar a las grandes operadoras postales un 1,25% de sus ingresos brutos facturados en la ciudad, como contraprestación por el uso del espacio público para la carga y descarga.

No obstante, la "Asociación Española de Empresas de Mensajería" (AEM) recurrió la ordenanza. Y es que, en julio de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró nula la tasa. El documento de Olesa Oberta incluye la sentencia íntegra y analiza sus argumentos.

Según destaca la formación, el principal motivo de la anulación judicial fue un defecto de forma en la naturaleza del tributo. El TSJC consideró que, aun llamándose "tasa", la normativa de Barcelona funcionaba en realidad como un "impuesto". La diferencia es clave: una tasa debe estar directamente vinculada al valor del aprovechamiento del dominio público (por ejemplo, el valor de ocupar una plaza de aparcamiento), mientras que un impuesto se basa en la capacidad económica del contribuyente (como la facturación de la empresa).

Al vincular el cobro a un porcentaje de los ingresos, y no al valor real del espacio público utilizado, el tribunal entendió que se estaba creando un impuesto encubierto, invalidando la ordenanza.

La solución de Olesa Oberta: una "tasa" real

La propuesta de Olesa Oberta para Olesa se centra precisamente en sortear ese escollo legal. El grupo municipal defiende que su propuesta sí se configura como una "tasa" pura, fundamentada en el principio de equivalencia del beneficio.

En lugar de fijarse en la facturación de las empresas (un método que el TSJC ya ha rechazado), la propuesta olesana plantea un modelo de cuantificación distinto, que se basaría en el volumen de entregas y el tiempo de uso del espacio público. Este es, sin duda, el elemento más innovador del documento: medir el coste real que estas operaciones tienen para el municipio.

Una recaudación estimada de 50.000 euros anuales

Para calcular la cuantía de la tasa, la formación olesana parte de datos a gran escala para adaptarlos al municipio. Según relata el documento, en Cataluña se realizaron 72 millones de entregas a domicilio en 2021. Extrapolando este dato a la población de Olesa de Montserrat, calculan que en el municipio se podrían estar gestionando unos 230.000 paquetes anuales.

A partir de aquí, la propuesta asigna un valor económico al uso del espacio público. El documento de Olesa Oberta, en su conclusión, hace un cálculo basado en un coste estimado de 0,03 euros por minuto por el uso de una plaza de estacionamiento o zona de carga y descarga.

Considerando una media de 10 minutos por cada operación de entrega, la fórmula sería la siguiente: 230.000 paquetes multiplicados por 10 minutos de parada, multiplicados por 0,03 euros el minuto.

El resultado de esta operación, según los cálculos de Olesa Oberta, supondría una recaudación neta cercana a los 50.000 euros anuales para las arcas municipales.

Más allá de la financiación

El objetivo de la propuesta no es solo recaudatorio. Olesa Oberta recalca que el modelo masivo de reparto a domicilio genera importantes externalidades negativas que, hasta ahora, asume el conjunto de la ciudadanía: más tráfico, más contaminación y un mayor uso del espacio público. La tasa buscaría "internalizar" esos costes.

Además, esta medida se alinearía con el espíritu de la ordenanza de Barcelona en lo relativo al fortalecimiento del comercio de proximidad. Se trataría de compensar la competencia que el comercio electrónico ejerce sobre las tiendas locales, las cuales sí pagan tributos como el IBI, la tasa de basuras o la de ocupación de la vía pública, contribuyendo de manera directa a la financiación de los servicios municipales.