Olesa Oberta logra la ampliación de los derechos de aparcamiento PMR: "No pediremos permiso ni perdón por defender los derechos de las personas"
El Ayuntamiento de Olesa de Montserrat ha aprobado finalmente una moción para la reducción del grado de discapacidad exigido para obtener una plaza de aparcamiento
Acorralado por las reiteradas advertencias de la oposición y las quejas vecinales, el Ayuntamiento de Olesa de Montserrat ha rectificado finalmente su normativa de movilidad. El Pleno municipal ha dado luz verde, por unanimidad, a la modificación del reglamento que exigía un 65% de discapacidad para obtener una plaza de aparcamiento reservada a conductores con movilidad reducida. A partir de ahora, el umbral se sitúa en el 33%, devolviendo este derecho a decenas de usuarios que habían quedado desamparados.
La iniciativa, capitaneada por Olesa Oberta en Comú Podem, pone fin a un entramado burocrático que privó de autonomía a los colectivos más vulnerables durante años. «Era imposible que tuvieran un reglamento con un artículo que era totalmente contrario a la ley y que, además, hacía daño a la gente», espetó Samuel Rodríguez, el concejal impulsor de la medida, durante su intervención.
El origen del conflicto: un informe bajo sospecha
El calvario administrativo para las personas con movilidad reducida comenzó en julio de 2024. El detonante fue un informe de la jefatura de la policía local, el cual argumentaba que la normativa municipal debía adaptarse al nuevo código de accesibilidad de Cataluña (Decreto 209/2023). Basándose en este documento, se instauró el requisito del 65% de discapacidad.
Sin embargo, el texto autonómico jamás estipuló dicha exigencia para los titulares conductores. Jordi Martínez, concejal no adscrito que ha vertebrado la redacción de la moción junto a los comunes, denunció abiertamente esta grave contradicción en la sesión plenaria. «Cuando uno va a la ley y al decreto ve que eso no es verdad», advirtió el edil, cuestionando cómo un estamento técnico pudo elevar una directriz que excedía los marcos legales superiores.
Aun así, la administración local mantuvo el criterio restrictivo, desoyendo las primeras señales de alarma. Josep M. Paniello, portavoz de Ciutadans, ilustró el franco deterioro de la calidad de vida de los afectados, señalando que la imposibilidad de aparcar cerca de sus domicilios les condenaba a quedar «atrapados en su casa».
El choque de relatos y la hemeroteca
Lejos de asumir un error inmediato, el equipo de gobierno intentó capitalizar la maniobra en el Pleno. Jordi Parent, primer teniente de alcalde y responsable de movilidad, aseguró que su departamento llevaba revisando la ordenanza desde finales de diciembre de 2023 tras reunirse con una familia afectada. «Esta moción no ha acelerado nada», aseveró Parent, justificando la demora en la necesidad de recabar datos objetivos del Departamento de Bienestar Social y redactar memorias técnicas.
La respuesta de Olesa Oberta no se hizo esperar, triturando el relato oficial con fechas exactas. Rodríguez, perfectamente asentado en el estrado, recordó que ya había alertado de la ilegalidad del artículo en el pleno de julio de 2024, insistiendo en la misma advertencia en septiembre y noviembre de ese mismo año tras las alegaciones presentadas.
«Mientras ustedes pensaban si lo que yo decía era cierto o no, había personas sufriendo las consecuencias de haberse equivocado haciendo el reglamento», clamó el líder de los comunes, afeando al ejecutivo que anunciaran el inicio del trámite de consulta pública justo el mismo día del debate de la moción.
La fiscalización de la inactividad institucional
El debate, marcado por un denso cruce de acusaciones sobre la parálisis administrativa, también dejó al descubierto las fracturas en la comunicación interna del consistorio. Fernando Vicente, en representación del PSC, evidenció la paradoja de debatir una exigencia que, en teoría, el gobierno ya estaba ejecutando en los despachos. «Nos llenamos la boca de eficiencia y eficacia, pues escuchen, eficiencia y eficacia es que hablen», sentenció el líder socialista, reprochando la falta de diálogo.
En el flanco más personal, Domènec Paloma (Junts per Olesa), relató la cruda realidad del día a día, interrumpiendo el choque político para aportar un contexto vital. El regidor describió el desgaste físico que supone enfrentarse, además de a las trabas burocráticas, a los conductores incívicos que usurpan o bloquean las franjas de acceso de las escasas plazas genéricas disponibles.
La aprobación de esta reforma, que superará ahora los trámites de información pública con la previsión de entrar en vigor el próximo mes de marzo, sella una victoria para la oposición. Una salida hacia adelante que Rodríguez resumió con una declaración de intenciones irrevocable: «Por defender los derechos de los ciudadanos de Olesa de Montserrat, no pediremos nunca permiso ni tampoco perdón».
