Jordi Martínez, exculpado de los cargos de prevaricación, amenaza con revelar "la culpabilidad de terceros" en su caso

El juzgado de instrucción número 4 de Martorell ha archivado provisionalmente la causa abierta contra el concejal no adscrito de Olesa de Montserrat, Jordi Martínez, por un presunto delito de prevaricación por omisión. La noticia, que cierra un capítulo que ha marcado la política local durante más de un año, fue comunicada por el propio Martínez durante el turno de ruegos y preguntas del último pleno municipal, en una intervención cargada de emoción y reivindicación. El archivo plantea ahora la restitución política del concejal y las posibles acciones futuras.

El alivio de Martínez y la sombra de nuevas revelaciones

Visiblemente emocionado, Jordi Martínez tomó la palabra para compartir la interlocutoria judicial que pone fin a un periodo que describió como un calvario personal. "Hace poco más de un año fui cesado (...) y denunciado", recordó, antes de reiterar su inocencia, defendida "siempre" en sede plenaria. Martínez leyó fragmentos clave de la interlocutoria judicial, que afirma que "no se desprende de las actuaciones indicio alguno de prevaricación", ya que se considera acreditado que "el señor Martínez firmó siempre dentro del plazo legal" y que en los casos en que no lo hizo, "no se ha acreditado que fuera imputable a una dejadez de sus funciones", sino a la falta de acceso a alegaciones o a indicaciones internas.

"Después de estar un año largo con una espada sobre mi cuello, llegar hoy a esta sentencia es un alivio inmenso", confesó Martínez. "He sufrido mucho", añadió, expresando su deseo de "recuperarlo todo en un tiempo muy similar" a las 76 horas en las que, según él, lo perdió todo.

Más allá del alivio personal, Martínez lanzó un aviso: ha hecho llegar al alcalde un "documento de mucha importancia" que, según él, podría "demostrar no mi inocencia, sino la culpabilidad de terceros en este expediente". Un documento "tremendo", insistió, que espera poder explicar próximamente y que añade una nueva dimensión al asunto. Finalmente, agradeció el apoyo recibido por vecinos, grupos de la oposición y, incluso, "algunas personas del equipo de gobierno".

El apoyo de la oposición y la solicitud de restitución

Samuel Rodríguez, portavoz de Olesa Oberta, fue uno de los primeros en reaccionar, felicitando efusivamente a Martínez. Rodríguez recordó que su grupo "mantuvo la presunción de inocencia" desde el principio y que la documentación que pudo consultar "no tenía por dónde sostenerse". "Me siento inmensamente feliz", afirmó, evidenciando el "atropello" sufrido por una persona "cuya vida y pasión era la política".

Rodríguez no se quedó ahí y planteó directamente la cuestión de la reparación: "¿Cómo restituimos a esta persona políticamente?". Expresó su deseo de volver a tener "enfrentamientos políticos" con Martínez, ahora que su inocencia "se ha demostrado de manera solvente". Una pregunta que resuena en el hemiciclo y que apunta a la necesidad de encontrar vías para restaurar la figura política del concejal.

La respuesta prudente del equipo de gobierno

El alcalde de Olesa, Jordi Parent (ERC), adoptó un tono cauteloso en su respuesta. Confirmó la recepción de la noticia del archivo provisional esa misma mañana y explicó que, aunque intentó contactar con el abogado del consistorio para entender su alcance exacto, no había sido posible. "Una vez hablado con el abogado, le comunicaremos con la mayor rapidez posible cuáles serán los pasos que seguirá este equipo de gobierno y este ayuntamiento", aseguró Parent. El alcalde evitó hacer valoraciones políticas inmediatas, amparándose en la necesidad de asesoramiento legal ante la nueva situación judicial.

Un caso que sacudió el consistorio

El origen de este caso se remonta a hace más de un año, cuando el equipo de gobierno (Bloc Olesà-CUP, ERC y Junts per Olesa) cesó a Martínez de sus responsabilidades y lo apartó del grupo municipal del Bloc, acusándolo de irregularidades en la tramitación de 102 expedientes sancionadores. Estos hechos, que según el consistorio representaban una pérdida patrimonial de más de 23.000 euros, motivaron la denuncia ante la justicia y la personación del Ayuntamiento como acusación particular. La decisión judicial de archivar ahora la causa contradice aquellas primeras valoraciones y obliga a reexaminar los acontecimientos que llevaron a la salida de Martínez del gobierno municipal.