El caso Martínez da un nuevo giro: el Ayuntamiento de Olesa recurre el archivo y anuncia una investigación interna

El serial judicial y político que rodea al concejal no adscrito de Olesa de Montserrat, Jordi Martínez, ha escrito un nuevo capítulo. Cuando parecía que la interlocutoria del juzgado de instrucción número 4 de Martorell, que dictaminaba el sobreseimiento provisional de la causa contra él, podía allanar el camino hacia cierta calma, el Ayuntamiento de Olesa ha movido ficha. El consistorio ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, una decisión que contrasta con las esperanzas expresadas por el propio Martínez, quien, como recogimos en un artículo anterior en este medio, confiaba en que no se emprendieran más acciones judiciales.

La decisión de recurrir: argumentos legales y unidad de gobierno

La determinación del Ayuntamiento de continuar por la vía judicial no es fruto del azar. Según ha comunicado oficialmente, abogados especializados estudiaron la interlocutoria del juzgado de Martorell y concluyeron que "esta no se ajusta a la realidad del caso". Este asesoramiento legal ha sido la base para presentar el escrito de apelación el pasado lunes, 2 de junio.

Es remarcable que esta decisión, como todas las tomadas hasta ahora en este caso, cuenta con el consenso de las tres formaciones que integran el equipo de gobierno: el Bloc Olesà, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Olesa. El alcalde, Jordi Parent (ERC), el primer teniente de alcalde, Marc Serradó (Bloc), y el segundo teniente de alcalde, Domènec Paloma (Junts per Olesa), han destacado que el objetivo primordial es "aclarar los hechos". En palabras del alcalde, el recurso es también la vía que "mejor puede defender la institución de la acusación de falsa denuncia formulada por el concejal no adscrito Jordi Martínez".

Marc Serradó ha querido ir un paso más allá, rechazando las insinuaciones de Martínez sobre posibles motivaciones políticas detrás de la denuncia: "aquí no hay motivaciones políticas ni denuncias falsas. Lo que hay es un alcalde que actúa en el ejercicio de su cargo y que defiende la institución ante un posible delito". Esta unidad gubernamental se presenta como un frente común ante las complejidades del caso.

Las esperanzas de Martínez y la realidad procesal

Jordi Martínez, en su intervención en el pleno municipal donde comunicó el archivo provisional –un momento de alivio personal que detallamos previamente–, había expresado su opinión sobre un eventual recurso. Consideraba que recurrir una sentencia "de esta contundencia" significaría "seguir empleando dinero público para ir contra mí, lo cual me parecería algo extraño". Sus palabras mostraban el deseo de cerrar una etapa que él mismo calificó de "calvario". No obstante, la realidad procesal ha tomado otro rumbo, y el proceso judicial seguirá su curso.

Martínez sostenía, y sigue sosteniendo, que dispone de documentación que probaría su correcta actuación, especialmente en dos expedientes que el Ayuntamiento considera clave en una pérdida económica de más de 20.000 euros. "En estos dos tengo las pruebas que demuestran que yo los firmé en tiempo y forma", afirmaba, sugiriendo que si hubo errores, estos radicarían en otra parte o en la información sobre la caducidad.

Investigación interna paralela al proceso judicial

Como novedad significativa, y más allá de la vía judicial, el Ayuntamiento ha anunciado la apertura de una investigación interna. Esta será conducida por un instructor externo, con la finalidad de "revisar todas las pruebas que hay del caso y determinar, si procede, todas las responsabilidades que pueda haber". Esta medida, según el primer teniente de alcalde, Marc Serradó, se toma "con la voluntad de esclarecer los hechos y en defensa del interés público". Se trata, por tanto, de un doble frente, judicial y administrativo, para abordar las presuntas irregularidades.

Contexto del caso: más de un año de tensiones

Hay que recordar que este asunto se inició en abril de 2024, cuando Jordi Martínez fue cesado de sus funciones al frente de la Concejalía de Seguridad Ciudadana. El Ayuntamiento detectó presuntas irregularidades en la tramitación de 102 expedientes sancionadores, que habrían caducado o prescrito, resultando en una pérdida patrimonial estimada en unos 23.000 euros. Estos hechos motivaron la denuncia por un presunto delito de prevaricación por omisión. Tras admitir el juzgado la denuncia a trámite en junio de 2024, el Ayuntamiento se personó como acusación particular. La reciente interlocutoria de sobreseimiento provisional, ahora recurrida, había sido la última actualización judicial hasta la fecha.

El futuro político de martínez, en compás d'espera

Ante la nueva decisión del consistorio, la petición de Jordi Martínez de ser restituido en sus cargos, formulada en el último pleno municipal, parece alejarse. Los líderes de las tres formaciones del gobierno consideran que, a día de hoy, "es incompatible" plantear cualquier posibilidad de restauración mientras el procedimiento judicial siga abierto.

El equipo de gobierno ha querido transmitir un mensaje de estabilidad, asegurando que este asunto judicial "no es agradable" pero que "en ningún momento ha afectado la estabilidad" de la coalición, ni hace un año ni ahora, a las puertas de un cambio de alcaldía previsto en el pacto de gobierno. El objetivo, reiteran, sigue siendo "trabajar de manera cohesionada y coordinada para construir una Olesa mejor". Los próximos meses serán determinantes para conocer cómo evoluciona este complejo entramado judicial y sus derivadas políticas y personales.