La oposición de Olesa destapa el "caos" normativo con las tarjetas de discapacidad: "Tenemos que dejar de hacer cosas que son contrarias a la ley"

Lo que iba a ser un trámite burocrático en el último pleno, se ha revelado como un conflicto abierto que afecta a los colectivos más vulnerables, con vecinos que ven cómo, de repente, pierden derechos adquiridos. La oposición, utilizando el reglamento como arma arrojadiza, ha acusado al Ejecutivo de aplicar criterios restrictivos que chocan frontalmente con la normativa catalana superior.

"Le han castigado a no salir de la calle"

La ofensiva la ha iniciado Josep M. Paniello. El concejal de Ciutadans, que ya había llevado la cuestión al pleno de diciembre sin obtener solución, ha utilizado un tono dramático para describir la realidad de los afectados. Segons Pniello, la aplicación estricta de la norma ha provocado que a personas con la movilidad "casi inoperante" se les haya "quitado su plaza de aparcamiento".

La consecuencia, según ha denunciado con dureza, es que el Ayuntamiento, en la práctica, "le han castigado a no salir de la calle". Paniello ha señalado que los problemas crecen "sin poner remedio" y ha exigido una revisión inmediata de todos los casos para "ser más coherentes".

"Los ayuntamientos no pueden legislar"

El golpe técnico y legal ha llegado de la mano de Samuel Rodríguez. El concejal de Olesa Oberta - En Comú Podem, tras analizar exhaustivamente el Código de accesibilidad de Catalunya, ha puesto contra las cuerdas al concejal de movilidad. Rodríguez ha sido taxativo: "Lo que está haciendo este reglamento de Olesa es legislar y, como sabemos, los ayuntamientos no pueden legislar".

Rodríguez ha calificado de incomprensible que se exija un grado de discapacidad del 65% cuando la ley superior no lo requiere, llegando a tildar este requisito de "barbaridad". La crítica no se ha limitado a la teoría: el concejal ha enumerado, uno por uno, casi cincuenta municipios —desde Barcelona hasta Martorell o Esparreguera— que sí cumplen la ley, dejando a Olesa en una situación de anomalía injustificable. Para rematar su intervención, lanzó una pregunta que resonó como una sentencia: "¿Cuándo irá este reglamento al pleno de Olesa para que lo podamos poner conforme a la ley y dejemos de hacer cosas que son contrarias a la ley?".

Un tema que "nos carcome"

Desde las filas socialistas, Carlos Fernández, sumándose a la presión conjunta de la oposición, ha reclamado un "plan de choque" ante una situación que considera insostenible. Fernández ha reconocido que este asunto "es un tema que nos carcome" y ha advertido al gobierno que "la práctica habitual de denegar la solicitud no puede ser la solución". El PSC ha exigido "la mayor brevedad posible" para recibir informes que aclaren por qué se están retirando masivamente estas tarjetas.

La justificación: "No es que el Ayuntamiento quiera"

Acorralado por las críticas, Jordi Parent, concejal de Movilidad y responsable directo del área, se ha visto forzado a dar explicaciones a la defensiva. Parent ha negado que se esté actuando fuera de la ley, pero ha admitido la crudeza de la situación administrativa: "Estas PMR se han perdido porque lo que se está haciendo es aplicar la ordenanza actual".

En un intento de desviar la responsabilidad política hacia la burocracia heredada, Parent ha sentenciado: "No se pierden porque el Ayuntamiento quiera, sino que se pierden porque se está aplicando la ordenanza actual". El concejal ha concluido prometiendo que "desde finales de año estamos trabajando esta ordenanza" para intentar adecuarla y hacerla "un poco menos costosa" para los vecinos afectados.