Joan Martínez entona el 'mea culpa': entre el 50 y el 70% de los vecinos ignoran la existencia de la Oficina Local d'Habitatge
El concejal de Vivienda se pone una "pegatina roja" ante la desconexión informativa con una ciudadanía asfixiada por el mercado inmobiliario
Ocho de cada diez inquilinos en Olesa de Montserrat lo son por pura incapacidad económica de acceder a la compra. Este dato demoledor, lejos de ser ningún secreto, se ha visto acompañado de una admisión inusual por parte del ejecutivo local en plena crisis de la vivienda. Joan Martínez, concejal de Vivienda, frente a las conclusiones del proceso participativo del futuro Plan Local de Vivienda (PLH), ha tenido que reconocer el desconcierto ciudadano: entre el 50% y el 70% de los olesanos no saben ni que existe la Oficina Local de Vivienda (OLH) ni los servicios que presta para frenar los desahucios.
La brecha entre la administración y la realidad inmobiliaria
Tal y como ha podido analizar este medio a partir de los datos presentados por el Ayuntamiento, la encuesta ciudadana, alojada en la plataforma Participa 311 con la participación de 173 personas, revela el profundo deterioro del acceso a un techo. Un 83% de los encuestados que viven de alquiler admiten que su situación es la única vía posible ante la falta de recursos previos para afrontar la entrada de una hipoteca bancaria. También se ha constatado que casi el 73% de los participantes afirman estar ahogados pagando una hipoteca en la actualidad.
En este contexto de asfixia económica, la desconexión informativa de la administración ha forzado al propio equipo de gobierno a entonar el mea culpa. Martínez, al frente de una concejalía incapaz hasta ahora de hacer llegar masivamente sus recursos a quien los necesita, describió esta ignorancia social como un "pegatina roja" que la institución debe ponerse en la cabeza. El responsable de Vivienda se vio abocado a asumir la necesidad urgente de lanzar campañas de difusión contundentes para intentar revertir este aislamiento institucional.
Un salvavidas que fía su éxito a la emergencia
La estrategia municipal, diseñada para frenar la exclusión residencial, pretende aglutinar las demandas de una ciudadanía al límite de su capacidad. De la veintena de propuestas arrancadas durante las sesiones con grupos políticos, profesionales y agentes sociales, donde figuran la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el sindicato de inquilinas, el consistorio acabará integrando un 77% en el redactado final del PLH 2026-2031. Este consenso técnico, según el equipo de gobierno, demuestra la coincidencia absoluta a la hora de diagnosticar las carencias crónicas de la villa.
Las tres grandes heridas que desangran el mercado local, expuestas en el mismo proceso participativo, son la parálisis en la construcción de vivienda protegida de alquiler, la falta de obra nueva para la venta y la opacidad del inmueble vacío que debe movilizarse con urgencia. Para intentar paliar este laberinto residencial, el Ayuntamiento promete articular su maquinaria a tres bandas, movilizando simultáneamente los departamentos de Urbanismo, Bienestar Social y Vivienda. Entre las maniobras estratégicas que se vislumbran en el horizonte para incrementar un parque público bajo mínimos, destacan la presión directa a la Generalitat para arrebatar la disposición de los pisos vacíos de la Sareb, así como el fomento de alianzas para la vivienda cooperativa y el alojamiento dotacional. La aprobación inicial del documento, prevista para la sesión plenaria de este mes de abril, pondrá a prueba la capacidad real del gobierno para materializar estas intenciones.
