Análisis de las decisiones clave del Pleno Ordinario de septiembre de 2024 en Olesa

El Pleno municipal ordinario de septiembre se inició con un emotivo minuto de silencio en recuerdo de Daniel Pujol, quien fue alcalde del PSC y falleció el 26 de agosto. El alcalde, Jordi Parent, fue el encargado de hacer el anuncio.

Durante la sesión, se aprobó un conjunto de cambios en las ordenanzas fiscales para 2025. Así, se estableció un incremento del 10% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), un aumento del 35% en la tasa de gestión de residuos municipales, y modificaciones en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos (IIVTNU). El concejal de Hacienda, Ivan Carreira, detalló que el incremento del IBI generaría unos 635.800 € adicionales, los cuales se destinarán a financiar servicios municipales.

Carreira aseguró que las bonificaciones para familias numerosas, instaladores de sistemas de energía renovable, y inmuebles para alquiler social seguirán en vigor. Respecto al IIVTNU, se han realizado pequeños ajustes para adaptarse a las normativas actuales. En cuanto a la tasa de residuos, el nuevo precio será de 211 € por vivienda debido al aumento del 35%, una medida que responde a la ley estatal 7/2022. A pesar del aumento, Carreira comentó que solo se cubrirá el 85% del coste del servicio.

Las bonificaciones se han mantenido para ayudar a las familias y promover la sostenibilidad.

El alcalde Parent reconoció que subir impuestos no es una medida popular, pero defendió que es esencial para mantener la estabilidad económica del Ayuntamiento. En cambio, el concejal no adscrito, Jordi Martínez, expresó sus críticas por la falta de consenso con la oposición, cuestionando si el aumento del IBI era realmente necesario, dado que en dos años se ha incrementado un 17,5%, muy por encima del IPC. Martínez pidió que se informara adecuadamente sobre la destinación de estos ingresos.

José M. Paniello, concejal de Ciutadans, compartió la preocupación de Martínez, señalando que no se había consultado previamente sobre el aumento del IBI, aunque estaba de acuerdo con el aumento de la tasa de residuos. Samuel Rodríguez, de Olesa Oberta-ECP, también criticó la falta de comunicación con la oposición y manifestó que Olesa estaba cerca del límite máximo permitido de IBI.

El PSC, a través de la concejala Lourdes Garcia, expresó su incomprensión por no haber sido convocados a discutir las modificaciones, calificando el aumento del IBI de "barbaridad". Cristian Mesa añadió que el aumento de la tasa de residuos no había supuesto una mejora en el servicio. El alcalde recordó que los grupos municipales habían sido convocados para presentar los presupuestos durante el año 2023.

Las críticas del PSC subrayan la necesidad de más transparencia en la gestión municipal.

Parent defendió que los costes de los servicios municipales han aumentado y que el IBI de Olesa es inferior a la media catalana y comarcal. Carreira reafirmó que los incrementos son necesarios para mantener los servicios, y subrayó el aumento del coste de la limpieza viaria.

Ferran Cerdeira, concejal de Junts per Olesa, argumentó que los incrementos de tasas responden a un déficit fiscal en Cataluña que afecta a Olesa. Marc Serradó del Bloc Olesà-CUP calificó el aumento como "incómodo y no deseado", denunciando que el sistema de financiación local es insostenible.

Las modificaciones fiscales fueron aprobadas con el apoyo del equipo de gobierno y del concejal no adscrito, mientras que el PSC, PP, Olesa Oberta-ECP y Ciutadans votaron en contra.

En relación con la modificación del Reglamento municipal de reservas de estacionamiento, esta fue aprobada con los votos favorables del Bloc Olesà-CUP, ERC y Junts per Olesa, mientras que el PSC, PP y Olesa Oberta-ECP votaron en contra. El alcalde presentó los cambios para adecuarlos a la normativa actual, con el objetivo de reducir el plazo de tramitación a 15 días hábiles. El concejal no adscrito, Jordi Martínez, mostró decepción por la falta de diálogo sobre las propuestas.

Las modificaciones en el reglamento de estacionamiento buscan mejorar la eficiencia administrativa.

Samuel Rodríguez, de Olesa Oberta-ECP, señaló que el requisito de discapacidad del 65% para obtener la tarjeta de movilidad no cumplía con la ley. Jessica Fernández del PP cuestionó el empadronamiento como requisito para conseguir una reserva de estacionamiento, argumentando que muchas personas con discapacidad no viven con sus cuidadores.

Carlos Fernández, del PSC, también criticó el requisito de empadronamiento, afirmando que la reducción del plazo de 20 a 15 días no era suficiente. El alcalde defendió que los cambios buscan equilibrar los derechos de toda la ciudadanía, incluidas las personas con movilidad reducida.